l secretario de la Defensa Nacional sostuvo una reunión privada en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el presidente municipal, Armando Cabada, lo cual incrementa la sensación de que el alto mando militar está decidido a asumir un rol más activo y ¿autónomo? en el escenario burocrático y político.

La fotografía difundida para dar cuenta del peculiar encuentro muestra solamente a dos personajes: el general Salvador Cienfuegos y el presidente municipal, llegado al cargo por la vía independiente. No estuvo el gobernador panista, Javier Corral, aunque sí, según versiones periodísticas, el fiscal general del estado. El gobernador Corral y el alcalde Cabada mantienen sonoras diferencias políticas, que deberían alertar a cualquier alto funcionario federal para no dar la impresión de que se favorece, aunque sea gráficamente, a una de las partes en conflicto.

El presidente municipal Cabada fue recibido, de mañana, en la guarnición militar de la plaza de Ciudad Juárez, ubicada en Eje Vial Juan Gabriel y Barranco Azul. Lo único que se informó es que se está dando seguimiento a los acuerdos tomados la semana anterior, en otra visita de Cienfuegos a la urbe fronteriza, en aquella ocasión con la presencia del gobernador Corral y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En Villahermosa, capital del municipio de Centro y del estado de Tabasco, Osorio Chong sostuvo una reunión de dos horas con funcionarios locales, encabezados por el gobernador Arturo Núñez. En la sesión se anunció el pronto envío, de manera temporal, de elementos de la Gendarmería federal para enfrentar la creciente inseguridad pública que ha sido denunciada masivamente por ciudadanos que incluso han llegado a exigir la renuncia del mencionado gobernador Núñez.

En la Tierra Caliente de Guerrero continúan las declaraciones de insurrección civil frente a la indolencia o complicidad de los mandos policiacos y gubernamentales. El lunes, un grupo de ciudadanos del municipio de San Miguel Totolapan se declararon levantados en armas para forzar el canje de una persona, el ingeniero Isauro de Paz Duque, secuestrado por una banda criminal apodada Los tequileros. Para obligar a los delincuentes a devolver al plagiado, los habitantes de esa comunidad secuestraron, a su vez, a otras personas, entre ellas la madre del jefe de Los tequileros. Ayer, los levantados liberaron a algunos de sus rehenes. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que ya están en la zona fuerzas federales y estatales, pues hay que evitar que crezca el sentimiento generado por el hecho de que alguien se lleve a alguien y después se lleven a otras personas.

Como figura pública que es (sobre todo por sus glorias deportivas, más que por su actual condición de senadora), Ana Gabriela Guevara está ayudando a dar más visibilidad a la violencia descomunal que contra las mujeres se ejerce en estos tiempos mexicanos tan agusanados. Víctima de una agresión en la carretera México-Toluca, la que fue medallista olímpica ha puesto su rostro dañado ante las cámaras y ha narrado lo que le sucedió, en el contexto de la violencia de género que se practica en nuestro país, minuto a minuto, sin que pareciera haber freno. Violencia física y sicológica constante contra las mujeres, asesinatos, en el peor de los casos, forman parte de la diaria realidad de México, en una espiral de atropellos y agresiones que se extiende a toda la población, como parte de la debacle ética, cívica y social de nuestro país.

Como puede verse en este brevísimo repaso de violencia, hartazgo social y reacciones gubernamentales, el país está peor que nunca, aunque voceros de diversas dependencias se esmeran en producir declaraciones y diseminar datos estadísticos alegres. En apariencia, la vida institucional sigue su marcha sin grandes sobresaltos: el presunto precandidato presidencial José Antonio Meade reúne en su derredor a ex secretarios de Hacienda, como si eso diera algún tipo de conjuro frente a tormentas por venir; el Senado aprueba lo que los mexicanos saben y conocen históricamente, es decir, las virtudes medicinales de la mariguana, ahora formalmente autorizado su uso y cultivo para tales fines médicos y científicos, sin avanzar en cuanto a más libertad para su consumo, y la Procuraduría General de la República nombra a Alonso Israel Lira Salas como nuevo subprocurador para investigar a la delincuencia organizada.

Mientras tanto, avanza la involuntaria confesión de rapiña generalizada en los estados de la República (pero, obviamente, no sólo en ese nivel). En Chihuahua, el gobernador Corral busca con desesperación financiamiento o apoyo empresarial abierto para salir adelante del cuadro de saqueo que le dejó el antecesor, César Duarte Jáquez. En Zacatecas se revela que el ex gobernador Miguel Alonso (ahora premiado con la dirección de Fonatur) gastó casi nueve veces más del presupuesto asignado para comunicación social. Y en Veracruz, ni se diga, la viabilidad financiera de la entidad fue duramente golpeada por Javier Duarte de Ochoa.

En tal cuadro de acelerada descomposición política y social, más las complicaciones económicas y financieras que se derivan de nuestros problemas internos y de la volátil circunstancia internacional, ha aparecido el señuelo de las fuerzas armadas como presunto eje de recuperación del orden y la seguridad públicas. El poder militar constituido en sustituto del gobierno, sea por vía directa de un golpe armado, o de tretas legaloides como las leyes habilitantes de nuevos superpoderes, ha ofrecido sangrientos y deplorables resultados en países del sur y el centro de nuestro continente. Pero el sistema mexicano, desfondado, desplomado, tiene prisa por encontrar fórmulas que le permitan intentar una preservación sin cambios sustanciales.

Y, mientras la PGR informa a fondo y con verdad, como se lo ha demandado el INE, sobre lo sucedido en mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, donde la Policía Federal se enfrentó con un grupo de presuntos delincuentes, con un saldo de 42 civiles y un agente muertos, ¡hasta mañana!

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