Buenos Aires.

El fiscal Guillermo Marijuan resolvió imputar al presidente argentino, Mauricio Macri, al jefe de gabinete, Marcos Peña; y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al firmar un decreto que incluye a familiares directos de funcionarios en el blanqueo de capitales y que se publicó en el Boletín Oficial el pasado miércoles 30 de noviembre.

Esta decisión de modificar la llamada Ley de Sinceramiento Fiscal, de agosto pasado que habilitaba el blanqueo de capitales, para favorecer ahora a familiares de los funcionarios, causó un fuerte revuelo político y tola la oposición en su conjunto la cuestionó, incluyendo a algunos aliados de la gobernante alianza Cambiemos, como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

La causa que se le sigue a Macri y sus funcionarios está registrada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo..

Desde el primer momento en que se conoció la decisión de extender el blanqueo, una amnistía fiscal, a los familiares de los funcionarios, se presentaron denuncias penales por parte de los diputados del Frente para la Victoria (FVP) y del movimiento Libres del Sur, por abuso de autoridad por favorecer a familiares, que conforman junto a los acusados, como en el caso del presidente, varias empresas offshore, como se ha comprobado en paraísos fiscales para evadir impuestos.

Precisamente en la ley que, entre protestas, dio lugar al blanqueo de capitales este año estaba prohibido expresamente cualquier tipo de favoritismo. En el caso del presidente Macri quien figura junto a sus familiares directos, padre y hermanos en unas 30 empresas offshore, por lo que también está siendo investigado en otra causa , es evidente que se trata de favorecerlos y a la vez favorecer su situación. .

Al conocerse el decreto, de inmediato se movilizaron las fuerzas políticas en su conjunto. Entre otros lo advirtieron los diputados como Héctor Recalde, abogado y presidente del bloque del FvP , quien consideró este decreto anticonstitucional e incluso violatorio de la letra de la ley. De la misma manera se expresaron algunos diputados del Frente Renovador (FR), de la Coalición Cívica y de la Unión Cívica Radical (ambos partidos que integran la alianza Cambiemos) .

Todo esto sucede cuando se libra un duro debate en el Senado, ante las presiones abiertas del gobierno de Macri, sobre los gobernadores de las provincias, para que ordenen a sus senadores votar contra el proyecto de ley que aumenta el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias.

La ley que favorece con varias medidas a los trabajadores y demandan que se vuelvan a implantar impuestos a las mineras al campo, a las casas de juegos fue votada el fin de la semana pasada por toda la oposición en conjunto contra el proyecto del oficialismo, lo que resultó una derrota intolerable para el gobierno.

En este mismo escenario de demandas diversas contra el gobierno que termina su primer año con una verdadera debacle económica y social, el Ejecutivo acaba de firmar un acuerdo para favorecer inversiones de Qatar en el país, mediante un memorando secreto en el que se crearía una empresa offshore para administrar el fondo.

Debido a que el gobierno se comprometió a utilizar dinero de la Seguridad Social (ANSES), todos los funcionarios que firmaron el acuerdo con Qatar fueron citados al Congreso, pero se negaron a dar explicaciones entre ellos la canciller Susana Malcorra. Por lo cual se abre otra causa con el caso Qatar y no será la última ante los acuerdos secretos del gobierno de Macri.

Convenio con la Guardia Nacional de Estados Unidos

En otra decisión de graves consecuencias el gobierno de de Macri firmó un ambicioso acuerdo de cooperación entre las Fuerzas Armadas de Argentina y la Guardia Nacional de Estados Unidos para enfrentar desastres naturales, controles en las fronteras y la colaboración en misiones de paz. Nada más y nada menos que las puertas abiertas al Comando Sur en su estrategia contrainsurgente en la región.

Este convenio se establece directamente con la Guardia Nacional del Estado de Georgia y forma parte del State Partnership Program,(SPP Programa de Sociedad entre Estados) que pertenece Departamento de Defensa, vinculando a Estados Unidos con los países asociados con el fin de apoyar los objetivos de cooperación de seguridad de los Comandos Combatientes Geográficos que conforman los nuevos esquemas de defensa..

“El objetivo de la SPP es promover el acceso, mejorar las capacidades militares, la interoperabilidad y mejorar los principios de gobernanza responsable. Además apunta a apoyar varias áreas de potencial interés para el Congreso de los Estados Unidos, tales como: Ayudar a prevenir estados fallidos y crear regiones estables Mejorar las capacidades de los países socios para proteger a sus ciudadanos; Fortalecimiento de las relaciones para facilitar el acceso y la interoperabilidad; Mejorar la conciencia y las habilidades culturales entre el personal militar estadounidense; Fomentar la integración de fuerzas de reserva y componentes activos en una fuerza total, señalaron investigadores de La Plata (provincia de Buenos Aires) sobre esta temática a La Jornada. Ni sobre este acuerdo ni otros firmados por el gobierno con Estados Unidos, se han pedido explicaciones aún en el Congreso.