Los servicios de salud que atienden a afiliados del Seguro Popular tienen carga excesiva de personal administrativo y, peor todavía, los estados contratan a los trabajadores sin contar con una fuente de financiamiento para pagar sus salarios. Es un problema presente en todo el país, el cual explica algunas crisis recurrentes en las entidades, afirmó Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

El funcionario detalló que de la inversión para sueldos del sector salud, 60 por ciento se va al área administrativa y 40 por ciento, como señala la ley, corresponde al personal médico.

En entrevista también comentó que en enero de 2015 se definieron reglas para garantizar que 30 por ciento del dinero se utilice en la compra de medicinas y que los precios sean iguales a los acordados en la compra consolidada que organiza el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, al depurar el padrón de beneficiarios se encontró que 6 millones están inscritos en el Seguro Popular y al mismo tiempo en alguna institución de seguridad social.

En 2016 el gasto se redujo en 3 mil 413 millones de pesos por la salida de 3 millones de afiliados. O’Shea explicó que la base de datos identifica estos casos cuando se solicita la reafiliación al Seguro Popular. Este año se dieron 16 millones de trámites.

El comisionado reconoció que el padrón se mueve de manera constante con base en la situación laboral de los ciudadanos.

La medida, explicó, forma parte de los candados que se han puesto al ejercicio del dinero. Así ocurrió con los recursos para medicinas, que por ley en 2015 fue el equivalente a 30 por ciento del presupuesto disponible, que se garantiza con el apoyo de la Secretaría de Hacienda.

Se abrieron 32 cuentas en la Tesorería de la Federación (Tesofe), donde se deposita el dinero para medicamentos y material de curación. En 2016 el monto subió a 35 por ciento, equivalente a 19 mil 455 millones de pesos, que sólo salen de la Tesofe cuando los servicios de salud estatales acreditan la compra mediante facturas por pagar y con costos iguales a los de la compra consolidada o a las tarifas determinadas por la CNPSS.

Si algún producto rebasa esas cuotas, el gobierno estatal debe pagarlo con su propio dinero. Es decir, se terminaron los gastos excesivos, afirmó O’Shea. Por tanto, aunque la compra consolidada representa beneficios, la mitad de las entidades no han participado por cuestiones relacionadas con la distribución, que cada uno debe acordar con sus proveedores.

La reforma legal prevé que para 2018 la mitad del dinero del Seguro Popular se transferirá a los estados mediante las cuentas de la Tesofe, con lo que además de medicinas se incluirán otros gastos de operación.

En cuanto a los trabajadores, el comisionado señaló que la solución está en la revisión de las plantillas de cada clínica, hospital y jurisdicción sanitaria, a fin de determinar cuántos y para qué se requieren empleados administrativos en fines de semana y turnos nocturnos, porque no hay dinero para pagar a todos.

O’Shea puso el ejemplo de Oaxaca, donde hay 13 mil trabajadores de salud. El Seguro Popular pone los salarios de 3 mil 27 empleados, la Secretaría de Salud federal cubre otros 5 mil y el gobernador debe buscar cada 15 días el dinero para pagar al resto. Y esto pasa en todo el país. Por eso se debe revisar, subrayó.