A propuesta de diputados constituyentes del Partido de la Revolución Democrática, quedó asentado en el dictamen elaborado por la Comisión de Poder Judicial que en la Ciudad de México las fuerzas armadas no podrán realizar ninguna tarea relacionada con el combate a la inseguridad pública.

De acuerdo con el artículo 46, numeral primero, de dicho documento, se plasmó que garantizar la seguridad pública en esta capital es responsabilidad exclusiva del gobierno local, y que en colaboración con sus habitantes establecerá los esquemas necesarios para la prevención, investigación, persecución de las infracciones administrativas y delitos, así como para la impartición de justicia, la reinserción social y el acceso a una vida libre de violencia.

Roberto López, constituyente del sol azteca, detalló que en la discusión de dicho artículo presentó una reserva en la que planteaba que las fuerzas armadas tendrían prohibido realizar tareas de seguridad pública en esta entidad, lo cual –dijo– quedó explícito en el articulado al resolverse por consenso una redacción en la que asientan el carácter exclusivo a las autoridades locales para atender esa materia.

De hecho, en el artículo 47 del referido dictamen se remarca que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.

El vocero de ese grupo parlamentario remarcó que si bien se estipula tácitamente esa prohibición de que actúen en este territorio las fuerzas armadas, también es cierto que en el numeral 4 y 5 queda de manifiesto que estas corporaciones podrán intervenir ante situaciones que afecten la seguridad nacional o bien en caso de desastre, tal como lo precisa la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Como parte del dictamen aprobado por la Comisión de Poder Judicial, se definió la creación de una sala constitucional en lugar de la propuesta del mandatario capitalino de un tribunal constitucional; aunado a ello, se introdujeron cambios en cuanto al Consejo de la Judicatura, que es el órgano de vigilancia del Poder Judicial, cuyos siete integrantes serán propuestos al Congreso local por un consejo judicial ciudadano, además de que quien presida dicha instancia de control no podrá encabezar el Tribunal Superior de Justicia, como ha ocurrido hasta ahora.

Por lo que hace a la fiscalía general de justicia, que sustituirá a la Procuraduría General de Justicia de esta capital, el artículo 49 del citado dictamen establece que su titular durará en su encargo cuatro años y no nueve, como planteaba el proyecto original de constitución de la Ciudad de México.