os poblanos observan dos imágenes en la pantalla de su realidad social. En una, las obras de infraestructura construidas con sus impuestos o mediante el endeudamiento del estado, las cuales son presentadas como expresión de progreso con el fin de atraer grandes inversiones que generen empleos; en otra, se ve a personas que, oponiéndose al cobro abusivo de contribuciones, al despojo como fórmula de negocio, a la opulencia basada en la pauperización de la mano de obra y a la exclusión de los pobladores pobres de los beneficios de ese progreso, son perseguidas y encarceladas por autoridades que invocan la aplicación de la ley y el estado de derecho.

Es la construcción gubernamental de una realidad social marcada por el contraste económico y la división social polarizante frente a los cuales la parte excluida de la población debe adaptarse para sobrevivir o inconformarse arriesgándose a ser castigada con todo el peso de la ley. Esta invención política que atribuye fuerza de gravedad a la ley, marca el derrotero para su aplicación: de arriba hacia abajo. En términos de relaciones políticas determina quién ordena y quién debe obedecer; quién aplica y quién es sometido; quién tiene poder y quién carece de él.

Con la procuración de justicia convertida en remedo de guardia real, en Puebla se ha hecho patente un vicio del poder: la impunidad con que, falseando hechos, se imputan delitos y se manda a prisión a personas que se inconforman y oponen resistencia defendiéndose de proyectos económicos gubernamentales que lesionan su lícito modo de vida. Una administración de justicia domesticada y cómplice, abona al cuadro kafkiano para negar a los inculpados la justicia pronta que reclaman en protección y defensa de sus derechos humanos.

El rasgo peculiar de este autoritarismo es un cambio en la forma de ejercicio del poder punitivo estatal, denominado inversión del sistema penal. Consiste en operar y controlar desde el Poder Ejecutivo la prisión preventiva como medida de contención política provisional, que se convierte en definitiva de hecho sin requerir sentencia judicial. Es decir, poner en prisión a las personas atribuyéndoles la comisión de supuestos delitos, mientras el tiempo requerido para efectuar los procedimientos legales de defensa es aprovechado –y estorbado con chicanas– por las instancias gubernamentales para cooptar voluntades, vencer resistencias o conseguir lealtades en aras de sacar adelante los proyectos de gobierno emprendidos. La prisión preventiva como fábrica política de rehenes.

En este contexto destaca, no por única sino por brutal, la persecución político-judicial desatada contra la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre. Con 43 años de ser una organización reivindicativa del ambulantaje como alternativa de trabajo ante el desempleo, el reciente festejo de aniversario estuvo marcado por la estancia en prisión de su líder Rubén Sarabia Sánchez Simitrio; dos de sus hijos, Rubén y Xihuel, y el vocero Fernando Alonso; así como el procesamiento penal de su esposa, Rita Amador; su nuera Luz Gálvez y dos militantes, Sergio León y Silverio Montes.

Emblemático del uso inmoral de la institucionalidad del estado es el conflicto jurídico de Simitrio, encarcelado el 19 de diciembre de 2014 por decisión, políticamente inducida, de una juez penal que revocó el acuerdo de preliberación del 5 de abril de 2001 en el proceso 113/1989, faltando tres semanas para que cumpliera íntegra la condena. Demostrado con sentencia firme que dicha resolución judicial fue ilegal e inconstitucional, y que, además, tal condena se extinguió desde el 10 de enero de 2015, aún se le mantiene en prisión. Lo peor reside en que el gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, públicamente sostienen que no existe resolución del 5 de abril de 2001, sino que el Ministerio Público pidió la revocación de un beneficio concedido en una resolución que sí existe, pero equivocó la fecha. Un galimatías convertido en motivo y fundamento de la prisión.

Que el Ministerio Público pida y la juez penal revoque un acto de gobernador; una juez de ejecución reimponga la sentencia compurgada; se le encierre de un día para otro; no se le escuche en defensa; con llamadas anónimas sostenidas por policías ministeriales se le acuse a sus hijos de narcomenudeo; o que un volante sin fecha, ni firma y sin trámite administrativo sirva para acusar a la esposa y a la nuera de ataques a vías de comunicación por participar en una manifestación pacífica, son, entre otras, las extrañas formas de aplicar la ley que hoy padecen los poblanos.