Buenos Aires.

Al cumplir su primer año en el gobierno, el empresario derechista Mauricio Macri, al frente de la alianza Cambiemos, enfrenta sus primeras derrotas fuertes, ante una oposición que se unió a pesar de sus diferencias e imposibilidad de algunos sectores de apoyar medidas que agravarían la situación, cada vez más insostenible. Siete de cada 10 argentinos consideran que el mandatario no cumplió ninguna de sus promesas electorales e hizo todo lo contrario a lo que se comprometió.

Los dirigentes de la Confederación General del Trabajo unificada advirtieron que van a ir al Senado a fijar su posición esta semana para que se apruebe lo que votaron los diputados.

A ello se agrega un fin de año con 300 mil desocupados, que estaban legalizados, y unos 200 mil que estaban sin regularizar, lo que suma medio millón de despedidos, aumentando visiblemente la pobreza y la indigencia, que sólo en un año dejó fuera del sistema a más de 2 millones de familias y aumentó el número de indigentes a una cifra similar.

Una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) para Página 12 señala que, un año después de la asunción de Macri, 70 por ciento de la población considera que el mandatario no cumple sus promesas electorales.

Derechos humanos

Durante la Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos, que comenzó ayer con una marcha en la Plaza de Mayo y se repitió en capitales de varias provincias y ciudades importantes, se leyó una carta de la dirigente social y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) Milgaro Sala.

Se cumple un año más de la vuelta a la democracia y del Día Internacional de los Derechos Humanos, y pensar que en Jujuy no se sienten la democracia ni la vigencia de los derechos humanos, escribió desde la celda en que se encuentra, desde enero pasado. Sala se ha convertido en un serio problema para el gobierno de Macri, que no ha hecho nada por responder a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y una gran cantidad de organismos internacionales, gobiernos y parlamentos, que exigen la libertad de la activista del Frente Tupac Amaru.

En un texto consensuado por los organismos y leído en uno de los tramos de la movilización, reivindica la lucha de los 30 mil desaparecidos, reclama la continuidad de los juicios por el terrorismo de Estado y critica la banalización de la memoria. Denuncia la existencia de presos políticos, el negacionismo de varios funcionarios del gobierno y advirte que seguirá resistiendo y defendiendo lo que hemos logrado en políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que fueron reconocidas desde el Estado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.