En 2016, la labor de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue pura simulación, pero la llegada de los expertos internacionales que darán seguimiento al caso podría cambiar dicho panorama el año entrante y llegar a la verdad y la justicia.

Así lo afirmó el vocero de los padres de los normalistas, Felipe de la Cruz, quien consideró que aún es viable interrogar a los militares que estuvieron supuestamente involucrados en la desaparición, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Entrevistado al término de un acto por el 68 aniversario de la Carta de los Derechos Humanos Universales, De la Cruz enfatizó que el arribo del grupo que analizará el grado de cumplimiento del gobierno mexicano a las recomendaciones formuladas por una comisión de expertos independientes abre un abanico de esperanzas mayor.

La actuación de este organismo –designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– podría hacer que en 2017 avancemos directamente a la verdad, porque 2016 fue pura simulación. Hay muchos detenidos, aparentemente responsables directos, pero que hasta hoy no nos han dado respuestas.

Para el vocero de los padres, una de las tareas urgentes del grupo de seguimiento es continuar la línea de investigación relacionada con la supuesta participación de policías de Huitzuco en la desaparición de los 43 normalistas, e insistir en el interrogatorio a los militares que pudieran haber estado relacionados con estos hechos.

Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa (Salvador Cienfuegos) quieren proteger al coronel que estaba a cargo del 27 Batallón de Infantería, dándole un rango mayor, como contralor interno del Ejército. De esa forma no se podría investigar a sí mismo, pero vamos a insistir en que el mecanismo de seguimiento consiga entrevistarlo, aseveró.

Como se informó en estas páginas, tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el gobierno federal aceptó que la CIDH enviara a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que durante un año estudió las indagatorias oficiales sobre el caso.

Tras su partida, se designó a una comisión de seguimiento que analizará el grado de cumplimiento de las 22 recomendaciones hechas por el GIEI al Estado mexicano.