a organización de defensa de derechos humanos Indignación, con sede en Yucatán, denunció ayer el secuestro y tortura de dos indígenas mayas, pertenecientes a un grupo de ejidatarios que se oponen a la venta ilegal de más de 5 mil hectáreas de Punta Laguna, área natural protegida ubicada en el municipio de Valladolid, colindante con Quintana Roo. De acuerdo con la agrupación, entre los agresores se encuentra el ex subprocurador de Justicia de Yucatán Rafael Acosta Solís, militante del Partido Revolucionario Institucional y supuesto implicado en varios procesos de compraventa de territorios en distintos ejidos del estado.

A muchos kilómetros de distancia, en territorio de la comunidad yaqui en Sonora, la empresa IEnova reinició las obras del gasoducto Aguaprieta, en Loma de Bácum, en clara violación de una suspensión ordenada por el juzgado séptimo de distrito. Desde hace meses, la comunidad yaqui se opone a la construcción de dicha obra que, de consumarse, representará un riesgo persistente para los asentamientos humanos de la zona.

La simultaneidad de los hechos mencionados, que ocurrieron respectivamente en los extremos sureste y noroeste del país, son un recordatorio de que el territorio se encuentra recorrido por focos de conflicto que confrontan los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias, mineras, energéticas y grupos de presión política contra los derechos de las comunidades, de manera destacada los de los pueblos originarios.

Episodios similares a los descritos se han presentado, por ejemplo, en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde las energéticas impulsan proyectos eólicos de gran dimensión que se envuelven en el discurso políticamente correcto de las energías renovables, pero resultan contrarias a los derechos de las comunidades del área. También es conocida la confrontación entre comunidades huicholas y empresas mineras en San Luis Potosí, donde la actividad extractiva ha dejado daños severos e irreversibles.

En estos y otros casos pueden observarse dos constantes: por un lado, la inquina de las empresas, su afán desproporcionado de ganancia y su desprecio por el marco legal y por los derechos de las poblaciones; por el otro, la complicidad de las autoridades locales y federales ya sea por la inacción y permisividad o bien por un abierto alineamiento en favor de los intereses corporativos.

La persistente y sistemática historia de despojo de territorios y recursos que han padecido los grupos originarios a manos de empresas extranjeras y grupos de poder fáctico legales –mineras, compañías energéticas e inmobiliarias, entre otras– e ilegales –talamontes, paramilitares, cárteles del narcotráfico–, de por sí ominosa, se ha agravado en años recientes a raíz de la aprobación de reformas legales que establecen la servidumbre legal del territorio para producir y conducir electricidad, gas o petróleo, lo que afecta la potestad de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros sobre sus tierras.

Tal es uno de los rostros más descarnados de la depredación, el atropello y el despojo asociados al modelo de desarrollo vigente.