Organizaciones sociales y populares se manifestaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se derogue la llamada ley Atenco, por considerar que su objetivo es criminalizar cualquier tipo de manifestación de descontento para justificar después su represión.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, indicó que la norma –propuesta por el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila– supuestamente buscaba regular el uso de la fuerza policiaca, pero en realidad pretende crear las condiciones para que los uniformados actúen de forma violenta contra los manifestantes sin riesgo de ser acusados de haber cometido alguna irregularidad.

La ley Atenco (llamada así en referencia a los abusos policiacos de 2006 contra los opositores a la construcción de un aeropuerto en Atenco) fue enviada por Eruviel Ávila al Congreso del estado de México en 2015 y aprobada en 2016, luego, ante múltiples crítica, el mismo gobernador solicitó a la SCJN su revisión.