La revocación de mandato como un derecho de los ciudadanos para retirar del cargo a un representante popular electo se mantuvo en el dictamen de la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno de la Asamblea Constituyente y requerirá ahora de la votación a favor en el pleno de al menos 67 de los 100 diputados para quedar firme en el texto constitucional.

A unas horas de que concluya el plazo para que los órganos dictaminantes concluyan el análisis y evaluación de los artículos que les corresponden para entregarlos a la mesa directiva, la medianoche de este sábado, ayer terminaron las comisiones de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Organismos Constitucionales Autónomos y la de Principios Generales.

Anoche continuaba con los trabajos la Comisión de Ciudadanía y Pueblos y Barrios Originarios, en tanto que la relativa a Carta de Derechos convocó para hoy a las 20 horas.

En el caso de la revocación de mandato, procederá por una ocasión contra el representante popular de que se trate cuando haya transcurrido cuando menos la mitad de su mandato y para que sea vinculatoria deberá tener el mínimo de 40 por ciento de participación y que al menos 60 por ciento de los votantes se pronuncie a favor.

En este capítulo de democracia directa, participativa y representativa se mantuvo la adición al proyecto de la figura de consulta popular, junto con las del plebiscito, iniciativa ciudadana y referendo, mecanismos que se aplicarían en forma concurrente con la jornada de votaciones constitucionales sobre temas de trascendencia para la ciudad.

Para este último caso se determinó hacer vinculatorio su resultado cuando participe al menos 14 por ciento de las personas registradas en la lista nominal de electores y la mayoría apruebe los temas consultados.

También se mantuvo la propuesta de incrementar el presupuesto participativo a cuando menos 5 por ciento de los recursos asignados a las delegaciones, en tanto que en el capítulo de distribución de poder, que seguía en discusión anoche, se preservó la propuesta del Ejecutivo de que el Congreso local se integre por 66 legisladores, 33 uninominales y 33 plurinominales

En la Comisión de Desarrollo Sostenible se avaló mantener dentro del artículo 22 el ingreso básico universal como el instrumento para asegurar el acceso a un mínimo vital que permita a los grupos en situación de vulnerabilidad social y pobreza una seguridad económica básica, pero desechó la prohibición expresa en el texto constitucional la prohibición de los cultivos de maíz transgénico.

La Comisión de Principios Generales de la Asamblea Constituyente confirmó también suprimir el concepto de plusvalías del capítulo referido a la hacienda pública en el proyecto de constitución de la cuidad, como lo hizo ayer la Comisión de Desarrollo Sostenible en el tema de ordenamiento territorial.

En este capítulo los legisladores adoptaron transcribir lo que al respecto de las atribuciones del gobierno de la ciudad para determinar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, entre éstas, las que tengan como base el cambio de valor de las viviendas, que está establecido en el artículo 122 constitucional.

En este capítulo se rechazó incluir expresamente los mecanismos de financiamiento para proyectos de obras y servicios mediante asociaciones público privadas dentro del presupuesto, y otra para crear un fondo para las delegaciones de 5 por ciento, que significaría trasladar 70 por cuento de lo que se recauda en predial a las demarcaciones.