El caso Tlatlaya no ha concluido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tiene pendiente la determinación de responsabilidades y el procesamiento de varios funcionarios por actos de tortura, señalaron autoridades mexiquenses.

Fuentes consultadas durante la celebración de la 36 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se realiza en Ciudad de México, se refirieron a este caso, en el que integrantes del Ejército abatieron a 22 civiles el 30 de junio de 2014 dentro de una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya y posteriormente torturaron a tres mujeres que sobrevivieron a los hechos para que declararan que formaban parte de un grupo delictivo.

Por estos hechos siete integrantes del Ejército fueron procesados y luego dejados en libertad por un juez federal al considerar que eran inocentes de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales contra las 22 víctimas.

Además de las investigaciones realizadas contra militares, la PGJEM ejercitó acción penal contra siete agentes ministeriales de esa entidad por ser probables responsables del delito de tortura.

Los funcionarios entrevistados mencionaron que de los siete elementos de la Policía Ministerial a quienes se acusó, sólo se obtuvo orden de captura y autos de sujeción a proceso contra cuatro.

Las fuentes consultadas mencionaron que varios de estos policías, que están presos en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, buscan que sus procesos penales sean abreviados, es decir, que de manera pronta se resuelva acerca de su responsabilidad.

El procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, comparecerá en estos días ante el Congreso estatal y además del caso Tlatlaya deberá dar a conocer el estado que guardan otras indagatorias, pues en esa sesión se podría definir si continúa en el cargo, aunque ya sería como fiscal, no procurador, o se procede a cesarlo.