La no aplicación de la consulta previa e informada a los pueblos indígenas, la imposición de megaproyectos de infraestructura y energéticos, así como lagunas legales y demora en los procesos judiciales, han acelerado el despojo de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos y comunidades originarias de la Sierra Tarahumara. Este fenómeno se replica en todo el país.

En el informe Derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara se advierte que la globalización acelerada y la búsqueda de nuevos sitios para explotar recursos naturales han aumentado el número de conflictos en los territorios de los pueblos indígenas.

En el norte del país muchos pueblos originarios ya fueron exterminados y otros ven constantemente amenazada su existencia, como los pueblos indígenas en el estado de Chihuahua, que históricamente han vivido económica, social y política, condiciones que contrastan fuertemente con la riqueza extraída de sus territorios ancestrales, señala el informe.

Presentado en el contexto de la tercera Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, el reporte destaca fundamentalmente la violación a los derechos territoriales de las comunidades indígenas, donde las omisiones, fraudes o errores administrativos de las autoridades agrarias han legalizado el despojo de territorios que desde tiempos ancestrales pertenecen a las comunidades.

Así, por cita sólo uno del medio centenar de casos que existen, cuatro comunidades rarámuris en la Barranca del Cobre resisten el desarrollo turístico promovido por el gobierno estatal, la Secretaría de Turismo, e inversionistas particulares que amenaza su tierra y su cultura.

La raíz del problema es la conspiración histórica entre inversionistas y autoridades del gobierno federal para ceder títulos de terrenos nacionales a particulares, cuando estas mismas tierras han estado posesionadas por indígenas desde tiempos inmemoriales, señala.

En el informe, presentado ayer en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se denuncia que desde el principio se han registrado obstáculos e irregularidades en el ejercicio del derecho a la consulta a las comunidades para la realización del gasoducto El encino-Topolobampo, el cual atraviesa los territorios de las comunidades de la Alta Tarahumara, donde la presión de las autoridades y empresas han sido la constantes, e incluso han recurrido a las amenazas y un abierto hostigamiento en contra de líderes y comunidades enteras.

En la presentación, Luis Pérez, indígena y activista tarahumara e integrante de la caravana, denunció que ninguna autoridad federal, incluyendo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los ha asesorado para la aplicación de la consulta previa e informada.