Chilpancingo, Gro.

El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, escuchó quejas en contra de funcionarios de los tres niveles de gobierno expuestas por familiares de personas desaparecidas y representantes de organizaciones defensoras de las garantías individuales.

Jan Jarab visitó Chilpancingo junto con Ismael Slava, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Siempre Vivos de Chilapa, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Familiares de Desaparecidos y Secuestrados de Chilpancingo y de padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre otros.

Guadalupe Rodríguez, representante de familiares de desaparecidos en Chilpancingo, informó a Jan Jarab que esa organización reclama la presentación de 100 personas desaparecidas de ocho años a la fecha. Aseguró que mientras se efectuaba esa reunión se estaban depositando, en gavetas del panteón ministerial, los primeros 20 de un total de 460 cuerpos que se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.

Asimismo exigieron al fiscal general de Guerrero, Xavier Olea, que haga lo que le corresponde, pues no le importa nuestro dolor, y que haga las investigaciones, porque no hay avances.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desparecidos en Iguala hace más de dos años, reconoció que la ONU y la CNDH se comprometieron a respaldar el nuevo mecanismo de seguimiento que encabeza la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a partir de febrero próximo.

En cuanto al traslado de cuerpos al panteón Ministerial, Alejandro Ramos, del Centro José María Morelos y Pavón, consideró que fue una medida errónea, porque las familias de estas personas cuyos cuerpos no han sido identificados tienen derecho a recibirlos conforme los encontraron, y si los llevan al panteón la putrefacción avanzará. Para que se conserven deben estar en refrigeración, en el Servicio Médico Forense.

Abel Barrera, coordinador de Tlachinollan, dijo que el traslado de cadáveres es una burla a las víctimas. Esto desconcertó a la CNDH, que pidió medidas cautelares y no fue atendida.

Aseguró que las autoridades no pueden tomar decisiones sólo porque los cuerpos no fueron reclamados. La CNDH no estaba al tanto. Por eso pidió las medidas cautelares de manera urgente a la fiscalía, pero respondieron que en ese momento no se encontraba el fiscal (Xavier Olea). Por eso las familias solicitaron que se detuviera el traslado.