Tijuana, BC.

Unos 50 periodistas de diversos medios (La Jornada Baja California, Radio Fórmula, Agencia Fronteriza de Noticias, Zeta y El Mexicano, entre otros) se reunieron ayer para exigir al gobernador Francisco Kiko Vega que detenga el acoso a los comunicadores y que deje de usar el presupuesto público destinado a comunicación social como herramienta de amenaza y chantaje.

Repudiaron el montaje contra el reportero Antonio Heras, a quien se involucró en un presunto fraude con intención de amedrentarlo, después de que anunció que presentará una denuncia porque desde las oficinas de Comunicación Social se vulneró su derecho al trabajo al boicotear su participación en un nuevo proyecto periodístico, con la amenaza de que si la empresa lo contrataba no tendría un convenio de publicidad.

Esta reunión fue la primera en años para hacer un frente común ante la embestida de un gobierno estatal contra la libertad de expresión y para rechazar que los funcionarios en turno sigan usando el presupuesto como recursos propios, siguiendo la consigna lopezportillista de no pago para que me peguen.

La directora de La Jornada Baja California, Mireya Cuéllar, alertó que la situación se agravó desde la denuncia contra Heras y luego de la publicación de un desplegado, el 11 de noviembre pasado, en el cual se denunció que el gobierno estatal intentó promover una campaña de desprestigio contra las periodistas Dora Elena Cortés y Adela Navarro por publicaciones críticas hacia el gobierno. Estamos hablando de una política de Estado, no de un funcionario menor, dijo.

Artículo 19, organismo que asumió la defensa de Antonio Heras, le recomendó salir del estado por seguridad. Tenemos que organizarnos para no andar en la calle con un amparo bajo el brazo; queremos tener la libertad de ejercer nuestra profesión sin temor, agregó Cuéllar.

La codirectora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello, destacó la unión del gremio periodístico contra el intento gubernamental de manipulación utilizando recursos públicos.

Heras consideró que con las seis denuncias en su contra por presunto fraude mediante una empresa importadora de vehículos usados se pretende criminalizar su trabajo periodístico. La Procuraduría General de Justicia del Estado dijo que la acusación involucra a un homónimo del comunicador.