La Cámara de Diputados no abordará en este periodo ordinario de sesiones la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aprobar una ley de seguridad interior, la cual busca otorgar a las fuerzas armadas un marco jurídico para el uso legítimo de la fuerza en operativos contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad y la paz pública, como el narcotráfico e incluso la corrupción.

Fuentes del tricolor en la cámara explicaron que no hay condiciones para que un tema tan delicado sea dictaminado en la Comisión de Gobernación, a la que fue turnada la propuesta del coordinador César Camacho Quiroz y su compañera Martha Sofía Tamayo.

Interrogado al respecto, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, informó que no hay consenso entre las bancadas para abordar ese proyecto.

Es importante que empecemos a revisar con muchísimo cuidado esa temática, que tiene muchas implicaciones y seguramente no será objeto de discusión en este periodo legislativo, sino en lo subsecuente, indicó.

En el PRI se dijo a este diario que la iniciativa podría ser discutida en el periodo ordinario del año próximo, es decir, de febrero a abril.

La Jornada informó el 22 de noviembre que la propuesta priísta, que contó para su redacción con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional, propone distinguir la seguridad nacional de la interior, y prevé la participación del Ejército y la Marina en acciones de orden interno, las cuales serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

En la iniciativa del PRI se prevé autorizar las siguientes operaciones: destacamentos de seguridad, escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, y puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las que se consideren necesarias.

Así como con la Ley de Seguridad Nacional, aprobada el año pasado, la propuesta prevé que militares y marinos puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información. Obligaría a las instituciones gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar información.