En el reciente mes y medio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) entregó más de 30 millones de pesos como reparación de daño a más de mil víctimas de la delincuencia en todo el país, cifra por arriba de lo distribuido en los tres años anteriores.

Julio Hernández Barros, presidente de dicho organismo, explicó que este aumento en la utilización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ha sido posible por un cambio en la interpretación de la ley, por lo que ahora se pueden atender las necesidades de la víctima aun cuando no tenga una sentencia ejecutoriada del Poder Judicial o una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Todos los recursos entregados son perfectamente auditables, dijo Hernández Barros, quien salió así al paso de las acusaciones de un uso discrecional del fondo administrado de la CEAV. Incluso, rechazó que alguna ayuda de dicho fondo se haya destinado a instituciones públicas o privadas, pues en todos los casos, sin excepción, los destinatarios han sido exclusivamente víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos.

Además, defendió la funcionalidad de la comisión, pese a trabajar con dos de los siete comisionados que originalmente deberían integrarlo. Todas las áreas están trabajando y tenemos la legitimidad que nos da la ley, insistió.

Precisó que desde su nombramiento como presidente de la CEAV, el 10 de octubre pasado (antes era uno de los comisionados del organismo), pidió un análisis de interpretación del artículo 67 de la Ley General de Víctimas, de forma armónica con el artículo primero constitucional, y tomando en cuenta el principio pro persona, que considera en todo momento lo más favorable a la víctima.

Así, para acceder a una reparación integral se deben cubrir menos requisitos: que exista una averiguación previa por delito federal, en la que el Ministerio Público Federal no haya declinado competencia; tener calidad de víctima ante el MP o ante la Procuraduría de Justicia Militar, para el caso de las víctimas que pertenezcan a las fuerzas armadas; así como un oficio de la autoridad ministerial, en que se asiente que el responsable del delito está prófugo o muerto.

Destacó diversas resoluciones que en las últimas semanas ha tomado la CEAV, entre las cuales están la reparación del daño a civiles y militares, que han sido víctimas por igual. En el primer caso están los integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, quienes resultaron heridos durante los ataques perpetrados en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

En el segundo están los militares que han sido muertos o heridos por presuntos miembros del crimen organizado, en emboscadas o ataques ocurridos en Jalisco, estado de México y Sinaloa.