asos como los de los cónsules Fidel Herrera, Tarcisio Navarrete y otros nombramientos políticos efectuados por el Poder Ejecutivo −una práctica que debería ser de excepción pero que se ha convertido en regla abusiva, en muchos casos saltando por encima de los mecanismos establecidos para los ascensos previstos en la ley del SEM−, han generado sentimientos de enojo, descontento, frustración, burocratismo y desidia en las filas del que es considerado en México el único verdadero servicio civil de carrera.
El mayor grado de conflictividad y causa de irritación entre los profesionales de la diplomacia, tiene que ver con la invasión
de designaciones por razones políticas y los intentos por convertirlas en permanentes. Pero siempre hubo nombramientos políticos y en el ejercicio de atribuciones perfectamente legales; en algunas ocasiones se recurrió a ese expediente para exiliar a personajes molestos al régimen, como hizo José López Portillo con los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, responsables de la matanza de Tlatelolco. El primero fue enviado a Madrid, España, y el segundo fue nombrado embajador ante los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, concurrente en las islas Fiji, ubicadas en las antípodas de México.
Otro motivo de encono ha sido el bloqueo de ciertas embajadas a los funcionarios de carrera. Un ejemplo: salvo Roberta Lajous, quien entró al servicio exterior en 1979, alcanzó el rango de embajadora en 1995 y desde 2013 es la representante de México ante los reinos de Juan Carlos I y Felipe VI, desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas con España en 1977 ningún miembro de carrera había ocupado la misión en Madrid. Por allí desfilaron el ya citado Gustavo Díaz Ordaz; banqueros como José Gómez Gordoa (Banco Internacional/Aseguradora Hidalgo) y Francisco Alcalá Quintero (Bancomext); los ex gobernadores Alfredo Baranda, Ignacio Pichardo Pagaza y Enrique González Pedrero; ex secretarios de Estado y connotados políticos priístas, como Rodolfo González Guevara, Jesús Silva Herzog, Rodolfo Echeverría Ruiz y Juan José Bremer en la época del viejo partido de Estado. Tras la llegada de Acción Nacional al gobierno, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón designaron como representantes en Madrid a los ex legisladores Gabriel Jiménez Remus, Jorge Zermeño y Francisco Ramírez Acuña, considerado este último como el hombre que destapó
a Calderón como candidato a la Presidencia cuando era gobernador de Jalisco y el futuro titular del Ejecutivo ocupaba la cartera de Energía con Fox.
Otro caso paradigmático es la misión diplomática de México en Estados Unidos. Entre 1959 y 1993, los embajadores en Washington habían surgido en la Secretaría de Hacienda: Hugo B. Margáin, Antonio Carrillo Flores, José Juan de Olloqui, Bernardo Sepúlveda, Jorge Espinosa de los Reyes y Gustavo Petricioli. Y si bien desde los prolegómenos de la firma y entrada en vigor del TLCAN, la embajada en EU ha sido ocupada por algunos políticos-diplomáticos
como Jesús Silva Herzog Flores y Juan José Bremer, y experimentados funcionarios de carrera, como Jorge Montaño, quien fue además dos veces representante de México ante Naciones Unidas; Carlos Alberto de Icaza, distinguido en 2005 como embajador eminente, y Arturo Sarukhán, asesor de los ex secretarios de Relaciones Exteriores Fernando Solana, Rosario Green y Jorge G. Castañeda, siendo un tiempo además cónsul general en Nueva York, por la misión han pasado también algunos personajes polémicos.
Es el caso de Jesús Reyes-Heroles González-Garza (hijo del político Jesús Reyes Heroles, considerado ideólogo del PRI), quien antes de ser nominado al cargo por Ernesto Zedillo se había desempeñado de secretario de Energía en su gabinete, y quien a juzgar por sus actividades actuales, supo sacar provecho de sus encomiendas y del erario: hoy es presidente ejecutivo de StructurA, organización que agrupa a las empresas GEA (Grupo de Economistas y Asociados), PROA, MBD y EnergeA, así como miembro de consejos de administración y de los consejos consultivos para América Latina del Deutsche Bank y del Energy Intelligence Group (EIG).
Otra figura polémica que ha despertado pasiones encontradas es Eduardo Medina-Mora, quien durante el foxismo fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la inteligencia civil del régimen) y secretario de Seguridad Pública tras la muerte de Ramón Martín Huerta, siendo después procurador general de la República con Calderón, cargos desde los cuales fue un interlocutor privilegiado de Washington para el aterrizaje de la Iniciativa Mérida (2007), que derivó en la militarización y paramilitarización del país. Hacia finales del calderonismo fue enviado de embajador ante Reino Unido y en enero de 2013 Peña Nieto lo nombró representante en Estados Unidos. En 2015 el Senado lo ratificó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras la virtual acefalía en la estratégica embajada en Washington de marzo a septiembre de 2015, en momentos en que despuntaban las críticas racistas, xenofóbicas y misóginas del entonces precandidato republicano, Donald Trump, Peña Nieto designó a un académico poco experimentado en los menesteres diplomáticos, Miguel Basáñez Ebergenyi. Pero al amigo de la adolescencia del Presidente le quedó grande el encargo y duró sólo siete meses en el puesto, exhibiendo de paso la falta de oficio, la improvisación y el descontrol de la política exterior del régimen en manos de los cancilleres José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari.
En abril de 2016, el remplazo de Basáñez por Carlos Manuel Sada, funcionario con una amplia experiencia en el trabajo consular (estuvo al frente de las oficinas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Antonio), no pudo impedir la desastrosa visita de Donald Trump, mediada por el entonces secretario de Hacienda y eminencia gris de Peña Nieto, Luis Videgaray.
