Tijuana, BC.

La empresa Andrew and Williamson de México SA de CV, distribuidora en Estados Unidos de productos cosechados en Sinaloa y Baja California, demandó penalmente al secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, y al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, Fausto Rubén Ibarra Celis, por delitos contra la procuración y administración de justicia y fraude procesal, pues habrían simulado un juicio laboral que costó a la firma 121 millones de pesos.

El abogado de la empresa, Javier Fernando Tarín Robles, también presentó tres demandas penales ante los fueros federal y estatal contra sus ex socios, los hermanos José Gonzalo, Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos, y en contra de autoridades de Sinaloa que participaron en el juicio laboral, que, según el litigante, fue irregular.

Los hermanos Espinoza Pablos y Andrew and Williamson de México se asociaron en 2002 para operar un campo agrícola de aproximadamente 126 hectáreas ubicado a 10 kilómetros de Culiacán, pero en 2013 rompieron.

José Gonzalo Espinoza, ex administrador general único; Carlos Armando, quien era encargado de comercialización, y Javier, ex jefe del área de producción, demandaron a sus ex socios en calidad de trabajadores.

En la denuncia contra el secretario de Gobierno de Sinaloa, del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado y de José Gonzalo Espinoza, el abogado de la empresa acusó a Fausto Ibarra de abuso de sus atribuciones y poderes, de falsear la fecha de la denuncia, ocultarles que había un juicio y negarse a entregar copia del expediente, entre otras anomalías.

La demanda signada por José Gonzalo Espinoza Pablos fue sellada de recibido el 15 de noviembre de 2013, pero el sello de recibido y el de la fecha no corresponden con el día en que el demandante acudió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, afirma el abogado.

Agrega que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con la finalidad de favorecer a una de las partes en los expedientes 0/20-06/2013 y 10-1710/2015, ordenó asentar falsamente en el escrito inicial de demanda que ésta fue recibida el 15 de noviembre de 2013, incluso utilizando un sello que no correspondía al sello real de esa fecha.

Asimismo, presentó peritajes para demostrar que la demanda no se presentó cuando se indica, pues no se inscribió en el libro de registros hasta el 24 de septiembre de 2015.

El abogado refiere que José Gonzalo presentó ante la junta pruebas supervenientes de la relación laboral (avisos expedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), con fecha de 2014, que era imposible tener en 2013 si la denuncia realmente hubiera sido presentada en ese año.

Por el juicio laboral ya se emitió un laudo que ordenó el embargo de bienes y el remate de diversas propiedades, entre ellas el campo agrícola de 126 hectáreas ubicado en la colonia Aguaruto, a 10 kilómetros de Culiacán, en 59 millones 490 mil pesos, y repartir lo obtenido entre los tres hermanos como indemnización por despido injustificado.

La autoridad laboral de Sinaloa –que depende del secretario de Gobierno– llamó la atención con un laudo que consideró verosímil que un trabajador ganara un salario integrado diario de 49 mil 897.57 pesos (más de un millón al mes) y condenó a quien identificó como su patrón a pagarle una indemnización de 59 millones 127 mil 908.61 pesos. Este fue el caso de José Gonzalo Espinoza. Los de sus hermanos Carlos Armando y Javier son similares. En total, el laudo de Ibarra Celis involucra 121 millones de pesos.

Tarín Robles informó que debió presentarse en la procuraduría sinaloense para que recibiera esta denuncia, porque en la agencia del Ministerio Público se negaron.