El dictamen que dará vida a la nueva ley de vivienda de la Ciudad de México, el cual fue aprobado el jueves anterior en la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa (ALDF) con el respaldo de los legisladores de PRD y PAN, define los precios de la vivienda de interés social y popular con base en el valor de la unidad de cuenta de la Ciudad de México, que equivale a 71.68 pesos.

De acuerdo con el artículo 5 del capítulo uno, el dictamen –aprobado con más de 790 reservas, mismas que se incorporarán a la propuesta final– que se presentará al pleno en los próximos días, el precio máximo al público de la vivienda de interés social se deberá ubicar en 5 mil 400 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México es decir, un precio cercano a 400 mil pesos.

En el caso de la vivienda popular el dictamen establece que su costo se ubicará en 5 mil 400 veces la unidad de cuenta, es decir, un precio cercano a 400 mil pesos, y que no deberá exceder de 9 mil veces esa unidad, es decir, un valor aproximado a 650 mil pesos.

Para el caso de la vivienda de los trabajadores derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda, establece que su valor tendrá un precio máximo de venta al público que no exceda de 21 mil veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, es decir, un valor aproximado a un millón 500 mil pesos.

Aunque en la propuesta original se planteaba la disposición anterior para los trabajadores derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda, el diputado de Morena David Cervantes explicó que en la discusión del dictamen sólo se fijó el precio a las viviendas de índole social y popular, pero la vivienda para trabajadores no entró con un monto especifico.

Indicó que Morena logró que quedara como cuestión de carácter general porque así debe ser, es decir, cualquier trabajador, sea derechohabiente de lo que sea, es una persona que tiene derecho a la vivienda, y si la puede obtener mediante créditos de los organismos de los que sea derechohabiente, pues está bien. Al respecto, informó que este lunes Morena definirá su postura frente al dictamen.

Sobre el documento impulsado por los diputados Dunia Ludlow, del PRI, y Leonel Luna, del PRD, mismo que sorpresivamente y sin haber estado programado en la agenda legislativa del pasado jueves fue aprobado por la citada comisión, el diputado panista Fernando Zárate discrepó, pues consideró que no define qué es la vivienda de interés social y cuál la de popular; sólo lo hace a partir de los parámetros del costo máximo que deben tener.

El dictamen no incluye una descripción detallada de la vivienda en su conjunto como de sus componentes, es decir, sala, comedor, cocina, baño y los acabados de pisos, muros, techos, puertas y ventanas, así como instalaciones hidráulicas y eléctricas.

Esta omisión podría permitir entregar las viviendas en obra negra o gris, pero al final, una vez realizados los acabados, elevaría el costo del inmueble por encima de los parámetros fijados, y así se podría vender una vivienda media por encima de lo que puede pagar la mayoría de la población. Por ello es necesario definir una norma cuyo cumplimiento sea obligatorio, señaló.