El sistema de justicia viola los derechos de las personas con discapacidad sicosocial o intelectual que enfrentan un juicio, sostuvo Diana Sheinbaum, de la organización Documenta. Los daños van desde asumir que son culpables por su condición hasta tratamientos forzados, señaló.

Recluirlos es un tema que está lejos de ser pacífico. Se encuentra en profunda tensión, incluso dentro de los comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU), agregó Carlos Ríos, de Human Rights Watch.

Inimputables, esa es la figura con la que son definidos. Es decir, que no tuvieron la capacidad de comprender sus acciones y las consecuencias de éstas, explicó Sheinbaum el pasado jueves en la mesa de diálogo Discapacidad y Justicia, a la que convocó Documenta.

Cuando se les acusa de una falta o un delito no les permiten declarar, con base en un dictamen siquiátrico, tampoco pueden elegir su defensa. Generalmente los juicios no son para determinar si violaron la ley, sino sobre qué tipo de discapacidad tienen y qué tan peligroso son, denunció.

Se cree, dijo, que si alguien es declarado inimputable le irá mejor. Por el contrario, los jueces imponen una medida de seguridad y los envían a centros especializados. Ahí los someten a tratamientos médicos forzosos.

Cinco años sin libertad

Según el diagnóstico pericial, aquel mal día Víctor sufrió un episodio de esquizofrenia. Él recuerda haberse alterado en la calle y aventar su mochila y luego piedras. Lo acusaron de daños en propiedad ajena y lesiones, por lo que pasó cinco años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial de la Ciudad de México. Según narra en un cortometraje de Documenta, en el proceso judicial nunca vio a las personas que lo acusaban y no pudo declarar.

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que en los juicios en los que esté involucrado alguien con discapacidad se realizarán ajustes de procedimiento. O sea, deberá adecuarse a sus necesidades, indicó Carlos Ríos, quien perteneció al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Para explicar lo anterior refirió un caso que ocurrió en Israel. Una mujer con discapacidad mental, quien fue violada, no pudo declarar ante los jueces, pues se sintió intimidada por sus imponentes togas, así que repitieron la audiencia en una habitación más pequeña y ellos vestidos de civil. En un ambiente menos severo, ella pudo contar lo que le pasó. Esos son los ajustes de procedimiento.