Tras haber encabezado una lucha para sacar de prisión a su hijo, acusado de manera injusta de intento de homicidio, la activista Martha Solórzano Martínez ha recibido nuevos ataques y amenazas de policías y otras autoridades de San Luis Río Colorado, Sonora, lo cual le ha generado afectaciones económicas y sicológicas.

Como se informó en estas páginas (La Jornada, 3/11/13), Solórzano fundó la Asociación Esperanza para denunciar los abusos cometidos por los policías municipales de esa ciudad fronteriza, a quienes acusó de extorsionar, secuestrar y agredir a cualquier ciudadano, incluso con uniforme y a bordo de vehículos oficiales.

En represalia por su activismo, aseguró la luchadora social, agentes policiacos de San Luis Río Colorado detuvieron de forma arbitraria a su hijo Jorge Luis Zavala Solórzano en octubre de 2012, tras un incidente menor ocurrido en la calle, cuando él acudió a buscar a su ex novia en el domicilio de ésta.

Luego de haberlo torturado para obtener una declaración autoinculpatoria, los agentes lo acusaron de intento de homicidio y privación de la libertad y lograron obtener una sentencia en su contra. En febrero de 2015, Jorge Luis Zavala fue absuelto de todos los cargos y recuperó su libertad, en un hecho que su madre atribuye a la lucha para denunciar las irregularidades del caso.

Hoy, a más de un año de la excarcelación de su hijo, la campaña de desprestigio e intimidación en su contra se ha triplicado, asegura Solórzano, quien dice estar pagando el precio de haber denunciado una red criminal integrada por policías y agentes del Ministerio Público.

Ahora mi situación es peor, porque no soportan que les haya ganado, que no me haya quedado con las manos cruzadas. Desde que salió mi hijo de la cárcel hay más agresiones: ataques verbales, amenazas, seguimientos en carros particulares, y me han detenido tres veces. Incluso mandaron a un Fulano a meterse a mi casa y rompió papeles y saqueó todo, lamenta Solórzano.

Me han afectado mucho porque yo vendo calzado para vivir y no me dejan trabajar. Me han cortado el agua o me llegan recibos de 800 o mil pesos. Hasta el presidente municipal, Enrique Reyna (PAN), me ha dicho que me largue a la fregada. Los periodistas que trabajan para el gobierno me difaman. Pero nadie hace nada, porque aquí los policías son los reyes y saben que no les va a pasar nada.

En su momento, organizaciones como Amnistía Internacional, Propuesta Cívica y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que Solórzano pudiera ser agredida.