La minuta de Ley General de Víctimas que envió el Senado a la Cámara de Diputados debe ser votada antes de que termine el actual periodo de sesiones, ya que de eso dependen aspectos como la disponibilidad de recursos para quienes han sufrido un agravio y la operatividad de organismos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), señalaron activistas especializados en el tema.

Silvano Cantú, asesor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró que la aprobación de las reformas a la mencionada ley es un requisito indispensable para no repetir los viejos errores que han sumido a la CEAV en la total disfuncionalidad y la desorganización general en que hoy se encuentra dicha institución.

Legitimidad perdida

Sería muy lesivo para el interés de las víctimas dejar las cosas como están por más tiempo, ya que hay un peligro grave de desfalco del fondo de reparación a manos de personas que ya han perdido legitimidad, pues ya sólo hay dos comisionados de los siete que eran, abundó.

Silvano Cantú subrayó que una de las principales propuestas de diversas organizaciones de víctimas es disolver el antiguo esquema de gobierno de la CEAV, basado en la participación colegiada de siete miembros, y nombrar a un solo responsable de la institución, a quien se pueda monitorear con más facilidad por conducto de una asamblea consultiva y con quien se tenga mayor grado de exigencia.

Recursos acumulables

Roberto Villanueva, titular de la unidad de atención a víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, indicó por su parte que otra demanda sensible es mantener el fondo de ayuda y reparación integral para víctimas con un monto equivalente a 0.014 por ciento del gasto programable, y que en caso de que haya subejercicio, esos recursos se acumulen a los del año siguiente.

La reforma a la Ley General de Víctimas debe salir en este periodo de sesiones para operativizar ese fondo, porque vemos que en los últimos meses (en la CEAV) se han estado repartiendo recursos con gran discrecionalidad. Parece más una campaña política para repartir dinero a instituciones públicas sin que haya igualdad de oportunidades para otros grupos, consideró.

Al agilizar los mecanismos del fondo de reparación, agregó Villanueva, se haría más sencillo el acceso de las víctimas a recursos que necesitan para seguir buscando a sus familiares desaparecidos, por ejemplo, e incluso para pagar el costo de peritajes independientes.