Ejido San Isidro, Jal.

Por todo el Llano Grande se extienden los blancos invernaderos. En esta región del país la expansión agroindustrial es ilimitada y deja profundas huellas sociales y ambientales. Los testimonios de hombres y mujeres de San Isidro y poblados circundantes como Petacal, Alista o La Croix coinciden en lamentar la disgregación familiar, el cambio de mentalidad en relación a la tierra y el trabajo de los jóvenes, influidos (educados incluso) por las trasnacionales Monsanto y Amway-Nutrilite; o bien su emigración permanente.

Se añade el abandono de prácticas agrícolas sustentables y de las relaciones comunitarias. Los jóvenes enrolados en las plantaciones se encuentran sujetos a jornadas de 12 a 18 horas diarias, sin derechos laborales ni seguridad en el empleo. Pero se muestran orgullosos de la empresa y andan con los uniformes por las calles para diferenciarse de los campesinos. Forman parte de la gran familia mundial de Amway.

Los hijos de las parejas jóvenes que laboran en los campos pasan solos la mayor parte de la semana. Los pueblos hoy son dormitorio para cientos de personas locales, y ya muchas familias pernoctan en los invernaderos. Los niños permanecen en escuelas y guarderías como las que tienen en sus instalaciones Monsanto y Bioparques de Occidente, mientras sus padres y madres desarrollan jornadas extenuantes dentro de invernaderos a 40 grados de temperatura atestados de trabajadores, la mayoría migrantes indígenas de Guerrero, Oaxaca o Sinaloa, en condiciones peores aún. A lo huicholes van a engancharlos en la sierra, apunta un campesino. Lo que están produciendo son esclavos. En 2013 se destapó un caso de esclavitud en Tolimán: 275 jornaleros fueron liberados de la esclavitud a la que los sometía Bioparques, empresa que desde 2010 recibe millones en subsidios, como empresa socialmente responsable, según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Hay gentes que fallecen dentro de los campos, pero sus cuerpos aparecen tirados en los caminos, y nadie investiga, relata una doña mientras corta, descascara y separa con maestría los elotes tiernos. Adentro de los invernaderos les ofrecen droga, cocaína, qué sé yo, hasta los obligan a consumirla. Para que aguanten. En cuanto salen, y los sábados más, están esperándolos mujeres que les venden cerveza y alcohol. O son prostitutas. Todo lo quedan a deber, así que en cuanto cobran tienen que pagar esas cosas. Ella misma tiene hijos trabajando en Nutrilite. Los perdimos, ya nunca los vemos, suspira.

Cómo estarán las cosas en Petacal que Monsanto, establecida allí, acapara el maíz local, lo coyotea, y luego distribuye sus propios granos de marca a los pobladores. Por toda la región, al atravesar los campos, uno ve un desfile colorido e interminable de letreros anunciando las semillas y los agrotóxicos empleados en cada predio.

En el núcleo ejidal de San Isidro, municipio San Gabriel, a escasos kilómetros de donde Juan Rulfo pasó su infancia, se concentran los efectos más crudos de la modernización agrícola impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la imposición de las prácticas de libre mercado a ultranza desde hace más de 30 años. A esto agréguese una fuerte presencia del crimen organizado que controla periódicamente la carretera Ciudad Guzmán-Autlán, que comprende estos municipios y sus caminos. Pero de la coexistencia entre las empresas y cárteles como Jalisco Nueva generación en el mismo territorio, la gente prefiere no hablar. Alguien comenta: “El crimen les da protección. También hacen abigeato: ‘Factúrame tu vaca o te la quito de todos modos’, nos dicen”.

Complicidades interminables

La lucha de San Isidro resulta ejemplar para los demás poblados. Las empresas la ven con esa desconfianza que inspiran en los patrones las personas que fueron despojadas con engaños. La ruta del despojo se inicia en 1942, cuando la propietaria de la hacienda El Petacal, Guadalupe Rojas Manzano, afectada por la expropiación de las 280 hectáreas en el decreto de Lázaro Cárdenas, promovió y obtuvo un certificado de inafectabilidad, alegando que era una pequeña propiedad. Conocida latifundista, dueña de más de 3 mil hectáreas en la región, sólo en El Petacal poseía mil 600. Al demostrarse el engaño en 1985, ¡40 años después!, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) anuló el certificado de inafectabilidad otorgado por el presidente Manuel Ávila Camacho en favor de Rojas Manzano.

Los campesinos de San Isidro defienden sus cultivos de maíz y el cuidado de la tierraFoto Graciela Iturbide

No obstante que el certificado 03642 no tiene validez alguna, como subraya Carmen Figueroa González, abogada de los ejidatarios, las tierras en litigio se han fragmentado y vendido repetidamente a lo largo de los años, hasta que Amway-Nutrilite adquirió, entre abril de 1992 (el artículo 27 constitucional se había reformado en enero) y mayo de 1994, la totalidad de los terrenos parcelados ilegalmente desde los años 40.

Es larga la cadena de funcionarios federales y estatales, inversionistas extranjeros camuflados tras empresarios jalicienses, notarios y jueces involucrados. Por ejemplo, Roberto Vargas Maciel, comprador (bajo el nombre de su hermano) de 100 de las hectáreas en disputa y hoy en poder de Nutrilite, ha sido director de la empresa y coordinador de Procampo en el sur de Jalisco. En 1993 la SRA volvió a dictaminar en favor de San Isidro, mas de inmediato se opusieron otras instancias gubernamentales. En 1994, el gobierno estatal ofreció tierras (malas) a los ejidatarios, y éstos las rechazaron. Ya en febrero de 1994, sostiene la defensora de los ejidatarios, se había pactado el despojo con la participación del delegado de la SRA, Alejandro Díaz Guzmán, quien se comprometió por escrito a suspender cualquier intento de ejecución de tierras a favor de San Isidro. En el expediente del caso aparecen 11 participantes en dicho pacto, entre otros el secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Arturo Gil Elizondo, y un subgerente de la Comisión Federal de Electricidad, Rafael Hidalgo Reyes. Por Nutrilite, David Tuttle y Vargas Maciel. Y ningún representante de los campesinos.

En 1998, el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez promueve la expropiación de las 280 hectáreas en disputa. Desde la alcaldía de Ciudad Guzmán en 1992 ya impulsaba esa iniciativa. Reconoció la propiedad de San Isidro, pero alegando una causa de utilidad pública decidió destinarla a la agroindustria. Prometió 500 empleos a los locales; ni a 200 llegaron. En 2006 ocuparía la estratégica Secretaría de Agricultura federal. Su antecesor en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Mayorga Castañeda, quien volvería al cargo en 2009, es vecino y socio de Nutrilite.

Los ejidatarios ganan amparos (2006, 2013, 2016), pero el tribunal agrario se ha declarado incompetente por consigna, dice la abogada Figueroa González. Queda clara la protección que las empresas reciben del gobierno.

Se estrecha el futuro

Por aquí los niños no conocen la lluvia. Hace años que ahuyentan las nubes, refiere un viejo de San Isidro. El hueco sónico y el yoduro de potasio de los cañonazos son aliados del cultivo tomatero. Los campesinos no reciben riego suficiente, lo acaparan las empresas. Cabe señalar que la mayor parte de los productos de la región se exportan al mercado estadunidense. Nutrilite cuenta con helipuerto y gasolinera. El trasiego de tráilers es continuo.

Han desaparecido las voces de los niños en los pueblo, expresa una abuela que nunca ve a sus nietos, aunque viven cerca. Los jóvenes ven mal que estemos peleando las tierras a Nutrilite, piensan que si ganamos se van a quedar sin trabajo, dice.

Las compañías nos vienen con que sus cultivos son ecológicos, pero no veo que tengan nunca (hormigas) arrieras, y eso aquí, sólo si se usa veneno, comenta un representante ejidal, quien demanda que dejen a los campesinos en paz para que podamos hacer lo que sabemos hacer con la tierra.