dotar a esta noble capital de una constitución se está complicando. Desde 1824 los políticos no se han puesto de acuerdo en el régimen de esta ciudad, que le da nombre al resto de la nación. Hasta hoy, el PRI-gobierno y sus aliados quieren mantener alguna forma de control. ¿Será porque somos los más avispados y díscolos ciudadanos de toda la República? Vivimos bajo regencia hasta 1997 en que elegimos al primer jefe de Gobierno. Se mantuvo una tutela del Congreso federal y de la Presidencia, que permitió ataques facciosos contra el gobierno local (desafuero).

Para legitimarse, el gobierno de Peña Nieto aceptó una reforma política definitiva del Distrito Federal. Se inventó un proceso malicioso para asegurar la sobrerrepresentación del PRI y del PAN: 40 de los 100 diputados del Constituyente no fueron electos, sino designados por las cámaras de Diputados, Senadores, el Presidente y el jefe de Gobierno. Sólo 60 fueron electos de modo directo.

Esta trampa provocó el desinterés de la población, sólo 29 por ciento acudió a elegir a los constituyentes libres. Uno de ellos, Javier Quijano, demandó en la vía de amparo que se anulara el proceso, porque la norma que autoriza la participación de los diputados y senadores en funciones es incompatible con la Constitución. Este amparo está pendiente de admisión. Sí se otorga, todo el proceso se vendrá abajo.

La nueva constitución requiere legitimidad: Morena, buena parte del PRD, diputados independientes, algunos panistas y organizaciones civiles podrían estar en favor de un referendo: mecanismo de democracia directa que permitiría a los capitalinos participar en el constituyente.

En honor a la verdad, el constituyente ha trabajado intensamente bajo presión; sus miembros no reciben compensación económica y el colectivo soporta una campaña muy agresiva de los medios electrónicos.

Una limitante mayor es el tiempo: el 31 de enero concluye el plazo para que el proyecto sea aprobado por las dos terceras partes de la asamblea. El PRI y sus aliados tienen derecho de veto, eso quiere decir, si descontamos el Guadalupe-Reyes, que los constituyentes sólo tienen 25 días hábiles para terminar. ¿Cómo puede presentarse una constitución de primera en ese plazo? El anteproyecto de Mancera tomó ocho meses. Nadie está obligado a lo imposible. Si la constitución resulta una contrahechura, será otro proyecto fallido y tendremos que esperar una nueva oportunidad.

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