Mexicali, BC.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California armó seis expedientes contra el periodista Antonio Heras Sánchez, corresponsal de La Jornada, bajo el supuesto de ser propietario de una empresa importadora de vehículos en la frontera con Estados Unidos que ha afectado a varios clientes.

Se trata de un montaje burdo e infame, una fabricación de delitos, pues nada tengo que ver con ninguna empresa comercial, pues mi única actividad es la periodística, eso lo sabe hasta Hacienda, señaló el reportero.

Heras es uno de los firmantes de una carta pública sobre las campañas negras que realiza el gobierno del estado, en la que se denunció el acoso y hostigamiento a las periodistas Adela Navarro, codirectora del semanario Zeta, y Dora Elena Cortez, directora de la Agencia Fronteriza de Noticias.

Periodistas y medios han dicho que Jorge Alberto Cornejo Manzo, coordinador de Imagen y Publicidad del gobierno estatal, condiciona los contenidos editoriales, mediante la compra de publicidad institucional, veta a periodistas y diseña campañas de desprestigio contra los comunicadores que no se alinean a sus posiciones.

El propio Heras Sánchez fue víctima de Cornejo Manzo al condicionar el otorgamiento de la publicidad institucional del gobierno de Francisco Vega con la salida del reportero de un proyecto editorial de una cadena de radio nacional.

Heras dijo desconocer a los supuestos ofendidos y a quien comercializó los vehículos, pero en la investigación aparece como el responsable de fraude. Se detalla que un hombre identificado como Francisco Javier Sánchez aconsejó a los supuestos compradores que si querían demandar lo hicieran contra Heras, dueño del negocio.

Existen seis carpetas de investigación sobre este delito a partir del dicho de un hombre que desde la empresa JM Importaciones cobró las importaciones vehiculares de Estados Unidos a Mexicali, según las averiguaciones ministeriales contenidas entre otros en el número único de caso 2016/17800.

Trascendió que los agentes ministeriales vigilaban las casas de los hijos del periodista, pues tiene esos domicilios en los padrones vehiculares, licencias de conducir y registro electoral con la intención de detenerlo y presentarlo ante la Agencia del Ministerio Público de Delitos contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia.

La organización Artículo 19, dijo el periodista, asumió su defensa jurídica contra esta infamia que sólo busca el descrédito por el ejercicio libre del periodismo, labor que realiza desde hace más de tres décadas. El juzgado cuarto de distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Mexicali, otorgó una suspensión temporal en juicio de amparo 674/2016.