Después de las presiones y negociaciones que hicieron diversos partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) se perfila a rebajar al menos en unos 170 millones de pesos el monto de las multas que pagarán las fuerzas políticas nacionales y locales por las irregularidades detectadas en sus gastos ordinarios de 2015 para dejarlas en 520 millones de pesos.

El consejero Benito Nacif, integrante de la Comisión de Fiscalización, justificó que las multas pasen de cerca de 700 millones de pesos a la nueva cantidad –que remarcó también es alta respecto de otros años–, porque no quisieron arruinar a los partidos políticos, sobre todo a sus comités estatales, que resultaron ser los principales infractores.

Esto, porque de la cantidad total, 369 millones de pesos corresponden a sus oficinas estatales, 142 millones de pesos a los comités ejecutivos nacionales y 9 millones para los 21 partidos locales, según datos de los dictámenes difundidos por el INE, y que serán votados en sesión del Consejo General el 14 de diciembre.

La Comisión de Fiscalización del INE aprobó la mayoría de los dictámenes de 10 partidos políticos nacionales (incluido el del desaparecido Humanista) y 21 locales los días 21 y 22 de noviembre con cifras mucho más altas. Pero debido a las presiones que ejercieron los partidos políticos, el 28 de noviembre tuvo que aprobar un acuerdo con nuevos criterios que rebajan o posponen la revisión de sus faltas hasta el próximo año.

Como es la primera vez que el INE fiscaliza a los comités estatales –antes lo hacían los organismos públicos locales electorales (Oples)– Nacif argumentó que éstos carecían de experiencia y si les cobran montos tan altos, no podrán cubrir los sueldos de su personal, las rentas, el teléfono o la luz.

Explicó que 150 millones de pesos, eliminados por ahora del listado de multas, corresponden a cuentas por pagar que serán revisadas en el informe del próximo año.

Otra cantidad de 15 millones de pesos quedó reducida en amonestaciones y se refiere a los llamados recursos de los partidos y agrupaciones políticas (Repaps), comprobantes con los que los partidos buscan justificar sus gastos.

Angustiados porque se proponían sanciones elevadas, los representantes de partidos mayoritarios pidieron una reunión con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, para solicitarle la disminución de dichos montos, adicional a las otras rebajas que habían logrado durante el proceso de revisión de sus cuentas.

Al encuentro efectuado el 23 de noviembre acudieron los representantes del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Gárate; del de la Revolución Democrática (PRD), José Guadalupe Acosta Naranjo, y del Verde, Jorge Herrera. El del Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, no pudo llegar, porque se encontraba en la Cámara de Diputados, a donde fueron los padres de Ayotzinapa.

Mientras comían con el consejero presidente y el titular de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, los representantes partidistas se quejaron de que las multas eran confiscatorias y pidieron aplicar criterios de racionalidad.

En su defensa advirtieron que muchas sanciones provenían de errores y omisiones que no implican una vulneración al modelo de fiscalización, y que a sus comités estatales les faltó recibir capacitación y ser prevenidos.

Trascendió que el consejero Andrade les prometió revisar los criterios de las multas, pero no desconocer los hechos, o sea los motivos de las faltas.

Córdova los escuchó y ofreció analizar el tema con sus colegas, que concluyó con la decisión de adoptar nuevos criterios que finalmente quedaron plasmados en el proyecto por el que se aprueban los que son aplicables a la revisión de los informes anuales del ejercicio 2015. Un aspecto medular viene en el artículo segundo, en el que las operaciones relativas a las cuentas por pagar y por cobrar con antigüedad mayor a un año no serán objeto de observación en el informe anual 2015.

En tanto, los saldos registrados en cuentas por pagar y cobrar con antigüedad mayor a un año o registrados durante 2015, serán objeto de seguimiento hasta la revisión del informe anual 2016 y del informe anual 2017.

Mientras las observaciones relativas a la omisión de destinar el porcentaje de financiamiento público ordinario para el desarrollo de actividades determinadas (como específicas, capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres), serán revisados hasta el informe anual de 2017.