La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno de México deberá responder en un plazo máximo de tres meses sobre las violaciones y actos ilegales cometidos contra los trabajadores de Cananea, al despedir a 832 por supuestas causas de fuerza mayor, por las que interpuso una denuncia el Sindicato Nacional de Mineros.

La resolución de la CIDH, que es vinculante y obligatoria, señala que este gobierno deberá dar respuesta a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y laborales que presentó el gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia el 4 de enero del 2012, hace casi cinco años.

Señala que si bien dichas violaciones fueron cometidas en el gobierno de Felipe Calderón, en el periodo de 2007 a 2012, corresponde al Estado mexicano dar respuesta a las mismas por parte de su titular en turno, es decir, la administración de Enrique Peña Nieto.

El documento emitido por la instancia internacional plantea que la queja presentada por el gremio minero indica que fueron vulnerados garantías consagradas en tratados internacionales, por lo que la CIDH abre sus puertas para una solución de las partes, que sea amistosa, en los términos de los derechos laborales previstos en la Declaración Americana de Derechos Humanos.

Vía para un acuerdo amistoso

El sindicato empezó una huelga en Cananea el 30 de julio de 2007 por violaciones al contrato colectivo de trabajo, ya que Grupo México, de Germán Larrea, no cubría las medidas de seguridad en la mina y había desconocido a la representación gremial nacional y seccional. Incluso, cuatro veces pidió que se declarara inexistente la huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), y los mineros ganaron esta vía en amparos.

Sin embargo, Larrea dio inicio a otro juicio para terminar el contrato colectivo por causas de fuerza mayor que fueron falsas, ya que un mes después reabrió la empresa con un sindicato de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con otros empleados y otro contrato, en el que redujo prestaciones y salarios.

Ahora, el actual gobierno tendrá que manifestar a la CIDH si fue legal la terminación de las relaciones de trabajo de los 832 mineros de Cananea, resuelta por la JFCA en abril de 2009, admitiendo como prueba principal de la empresa una inspección falsa, que no se realizó y bajo la cual en un solo día se dictó un laudo que señalaba que era imposible seguir la relación de trabajo. Incluso se negaron los amparos del sindicato; por la vía rápida se despidió a los mineros y se invalidó el contrato, todo lo cual se alegó como ilegal ante esta instancia internacional, pues la mina se reabrió un mes después.

Ante ello, el Sindicato Nacional de Mineros recurrió a este tribunal internacional, que ahora pide al gobierno de México que responda a la denuncia. Según apuntó el gremio, esto abre la posibilidad de llegar a un arreglo amistoso por las partes, pero ante la CIDH.

Sobre todo, dijo, porque se han visto afectados gravemente los derechos humanos de los mineros de Cananea y sus familias, que llevan casi cinco años sin trabajo –fueron boletinados para que nadie los contrate–, los despojaron de su contrato y en este periodo han visto mermar su patrimonio y salud.