Un grupo de especialistas pidió al Senado no aprobar en este periodo de sesiones la ley general de archivos, porque la iniciativa contiene elementos de regresión democrática y censura, al otorgar la rectoría total de esta materia a la Secretaría de Gobernación (SG).

En el proyecto de ley existe el impulso político para que se haga una purga y se impida la consulta de documentos históricos y se clausuren definitivamente, o se eliminen aquellos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, advirtieron.

En conferencia de prensa, dijeron también que el país sufriría un atraco igual o mayor que los recientes casos de corrupción de gobernadores.

Rechazo a que conduzca la SG

Si (integrantes de la clase política) ya se robaron tanto, no podemos permitir que también se roben nuestra memoria histórica, dijo Mauricio Merino, integrante del consejo académico del Archivo General de la Nación (AGN) y miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Los especialistas hicieron un pronunciamiento para insistir en que no existe alguna razón técnica para que la SG conduzca el Consejo y el Sistema Nacional de Archivos.

Algunos de ellos, quienes apenas hace unos años estaban en favor de las políticas públicas en la materia, ahora advierten de los riesgos de la iniciativa presentada el pasado día 17 en el Senado.

“Si la ley no es lo suficientemente clara, cualquier espacio que permita que por ahí se cuele la opacidad va a ser aprovechado (…) Y hay quienes están defendiendo esos espacios de opacidad”, dijo Aurora Gómez Galvarriato, directora del AGN de 2009 a 2013, lapso durante el cual se aprobó la actual Ley Federal de Archivos, cuyo artículo 27 ha sido duramente criticado por limitar el acceso a los documentos históricos.

El historiador Enrique Florescano dijo que la aceptación de una iniciativa como la que se pretende aprobar es equiparable a admitir la legalización de la censura. Es una amenaza a la libertad.

También dijo que la actual titular del AGN (Mercedes De Vega Armijo) ha aceptado las consignas de Gobernación. “No ha defendido la esencia del AGN (…) estamos desilusionados; yo había tenido una buena impresión, fui presidente del consejo directivo del archivo general hace tres años y ahora la veo totalmente en otra posición”, comentó.

El pronunciamiento público fue firmado por los académicos en mención, así como por Andrés Lira, Lourdes Morales, Ramón Aguilera, Haydee Pérez y Ana Cristina Ruelas. Esta última subrayó el temor de funcionarios públicos de que se conozcan sus actos ilegales, como la desaparición de personas.

Señalaron que las instancias de decisión deben ser integradas por especialistas, porque de lo contrario la política archivística será formulada con impulsos autoritarios de control político.

Preferimos que no se apruebe ninguna ley a que se apruebe así, porque sería un retroceso enorme a lo que ya hemos conquistado, señaló Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas.

Hicieron un extrañamiento público a la directora del AGN por no haberse solidarizado con las preocupaciones de los historiadores y grupos de la sociedad civil y, por el contrario, han avalado las disposiciones contenidas en la iniciativa en mención.