El tránsito errado de la Procuraduría General de la República (PGR) a una fiscalía puede significar para México la consolidación de la impunidad, advirtieron medio centenar de organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, nacionales y del extranjero.

El país ya no aguanta una simulación más, se dijo en la conferencia colectiva que dieron representantes de algunas de las organizaciones, luego de dos días de debate en el seminario La fiscalía que necesita México, en el que se analizaron diversas experiencias latinoamericanas para el diseño de la nueva institución.

En el pronunciamiento colectivo consideraron que las iniciativas del titular del Ejecutivo y de los partidos políticos abren la posibilidad de evitar el pase automático del último titular de la PGR como primer fiscal general. Son un paso positivo, pero no suficiente.

Exigieron una modificación profunda del artículo 102 constitucional y transitorios, a fin de garantizar una fiscalía autónoma, en la que su titular llegue por méritos propios y después de un proceso público, transparente y participativo.

Esta revisión debe igualmente considerar la modificación de artículos transitorios, para que todos los funcionarios que ingresen a la institución aprueben un concurso de oposición y méritos, señala el pronunciamiento.

Al esbozar el perfil de la persona que llegue al cargo, destacaron que debe ser capaz de conducir estratégicamente la fiscalía y de resistir la presiones de cualquier tipo, sobre todo presiones políticas, además de tener la certeza de recuperar la confianza ciudadana en la institución.

Al Senado pidieron abrir un debate público, técnico e informado para discutir el modelo de una fiscalía que realmente sirva y atienda los graves problemas de procuración de justicia. El primer paso para ello es abstenerse de aprobar leyes secundarias sobre la fiscalía que no sean el resultado de una discusión informada y participativa.

Entre los aspectos mínimos que deben servir como puntos de partida para la discusión de la ley orgánica, citaron, la autonomía funcional, presupuestal y de servicio civil de carrera para todos los funcionarios; esquema de eficiencia que permitan superar la burocracia, la lentitud y la descoordinación; autonomía de servicios periciales, y especialización en materia de derechos humanos y un esquema que permita una efectiva participación de las víctimas.

Entre las organizaciones que suscribieron el pronunciamiento y participaron en el seminario se encuentran la Fundación para el Debido Proceso, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.