Brasilia.

El Senado de Brasil aprobó este martes en primera ronda de votación un estricto límite al gasto federal por 20 años, lo que representa una oportuna victoria para el presidente Michel Temer en su campaña por restablecer la disciplina fiscal en medio de una recesión económica y una crisis política.

Mientras, afuera del recinto legislativo, manifestantes que protestaban contra las medidas de austeridad fueron reprimidos con gas lacrimógeno.

La movilización, que convocó desde estudiantes y campesinos sin tierra hasta activistas sindicales y simpatizantes del izquierdista Partido de los Trabajadores, se calculó en 10 mil asistentes.

El Senado respaldó con 61 votos a favor y 14 en contra la enmienda a la Constitución que limita el gasto federal a la tasa de inflación durante 20 años, con la opción de una revisión presidencial luego de 10. Se espera que la enmienda sea aprobada en una votación final el 13 de diciembre.

La oposición de Brasil dice que el límite al gasto propuesto por Temer afectará la educación y los servicios de salud. Para hacer el proyecto de ley más aceptable, Temer propuso retrasar los recortes a esos sectores por un año.

Las protestas muestran el creciente malestar social con la campaña de austeridad de Temer, en momentos en que la economía atraviesa por su peor recesión desde la década de 1930, que ha dejado a 12 millones de personas sin trabajo.

El presidente, a través de un portavoz, condenó el vandalismo y la violencia como medidas de presión antidemocráticas hacia el Congreso.

Desafío al Poder Judicial

El Legislativo brasileño también comenzó el proceso para aprobar otro proyecto de alto impacto: un paquete anticorrupción que amenaza con convertirse en un abierto desafío al Poder Judicial.

Los diputados discutirán una iniciativa impulsada por los fiscales del escándalo de multimillonarios sobornos de Petrobras, que llegó al recinto apoyada por más de 2 millones de firmas.

El proyecto pretende atacar la corrupción rampante que salpica a buena parte de la clase política actual, pero en la Cámara de Diputados gana fuerza un movimiento que pretende incorporar una enmienda que permita castigar a jueces y fiscales por crímenes de responsabilidad. Esa figura sólo se aplica por el momento al primer nivel del Estado, como el presidente, jueces o gobernadores.