Montevideo y Río de Janeiro.

El gobierno de Montevideo abandonó la estrategia prohibicionista sobre Uber, y apuesta por una ambiciosa regulación que incluye el cobro de una tasa por kilómetro recorrido a este tipo de aplicaciones.

Hasta ahora, el gobernante capitalino Daniel Martínez –aspirante a la presidencia del país para 2019– había optado por chocar con la multinacional tecnológica, a la que le había atribuido una actitud patoteril (agresiva).

Sin embargo, las inspecciones que hacía el gobierno de Montevideo no impedían que Uber continuara funcionando como desde noviembre de 2015, lo que molestaba a trabajadores y patrones de taxis, que denunciaban competencia desleal, así como a conductores y usuarios de Uber, que buscaban dejar la ilegalidad.

Todo cambió con el envío, este mes, de un proyecto de decreto a la Junta Departamental (órgano legislativo de Montevideo) que propone la regulación del transporte oneroso de pasajeros brindado por vehículos particulares y plataformas electrónicas. Esto se complementa con una iniciativa de ley enviada por el gobierno nacional al Congreso, que brinda mecanismos de sanciones en caso de que las aplicaciones tecnológicas incumplan con la norma departamental.

El gobierno capitalino se propone crear un registro de los vehículos prestadores del servicio, de quienes tienen el permiso y de las plataformas electrónicas.

Por otra parte, como los permisarios están haciendo uso de un bien público como son las vías de circulación, deberán abonar a la comuna 1.70 pesos (unos 0.06 dólares) por kilómetro recorrido en cada viaje. La intendencia podrá fijar, además, tarifas máximas para el servicio.

Los conductores deberán contar con una libreta profesional, un seguro que cubra a los pasajeros y dar aportes impositivos y a la seguridad social.

El presidente del sindicato de taxistas, Antonio Diez, denunciaba en septiembre que Uber carga por todos lados y los taxistas están trabajando poco. Sus servicios bajaron notablemente este último mes.

Al respecto, el presidente de la república, Tabaré Vázquez, dijo que si Uber quiere trabajar en Uruguay debe cumplir con la norma. Tenemos un país en serio; esto no lo inventó este gobierno, ni el anterior ni el otro. Hay norma de larga data y hay que respetarla, enfatizó.

En tanto, en Río de Janeiro, el alcalde Eduardo Paes, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, dio luz verde a la ley que prohíbe que se usen automóviles particulares para el transporte remunerado de personas, lo que afecta directamente a Uber.

La aplicación se instaló en junio pasado y desde entonces su crecimiento fue exponencial, provocando huelgas y protestas del colectivo de taxistas, que tachaban ese servicio de competencia desleal, pues ofrecen un servicio hasta 40 por ciento más barato.

La nueva ley fija multas para quien transporte ilegalmente pasajeros, y los órganos de control del ayuntamiento de Río deberán vigilar que el servicio sólo lo den taxistas con licencia.

Los taxistas, a través del Consejo Regional, dijeron que es necesario acabar con la clandestinidad, ya que, según sus datos, desde que existe Uber cayó 70 por ciento su recaudación.