A unos días de que en México se lleve a cabo la conferencia internacional de diversidad biológica, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca aprobar una iniciativa de ley que no incentiva la conservación, pero sí busca la mercantilización de la biodiversidad, sostuvo la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

El pasado 26 de octubre Ninfa Salinas, senadora del PVEM, envió una iniciativa de decreto de la Ley General de Biodiversidad, mediante la cual busca reformar rubros de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como derogar la actual Ley General de Vida Silvestre, además de que se busca su aprobación sin análisis ni discusión, señaló la unión.

La conferencia de las partes de la Convención de Diversidad Biológica empieza formalmente el domingo 4 de diciembre, aunque el viernes se dará la reunión del segmento de alto nivel de la convención, a la que se prevé la asistencia de ministros de los 196 países de este instrumento internacional.

En su artículo 193, la iniciativa plantea que el Ejecutivo federal, por conducto de las secretarías de Medio Ambiente y de Hacienda, promoverá las inversiones públicas y privadas para el manejo de las áreas naturales protegidas, y establecerá incentivos económicos para que personas y organizaciones privadas y sociales participen en la administración de esos espacios y promoverán mecanismos para captar recursos.

La mercantilización de la biodiversidad no es la vía para su conservación, ni es tampoco la visión que diversos grupos sociales tenemos en México sobre la naturaleza y el ambiente, plantea la unión de científicos en un pronunciamiento.

También señala que se reduce el grado de protección ambiental, particularmente en las áreas naturales protegidas, con la posibilidad de que se realicen actividades extractivas en ellas.

Agrega que no se garantizan los derechos que las poblaciones locales tienen sobre sus territorios y recursos, así como sobre el conocimiento asociado a su uso. Así, se pone en riesgo el control sobre el patrimonio biocultural del país, y el acceso y uso de los recursos por parte de la población.

Ante ello, la unión planteó que esta iniciativa no debe aprobarse en los términos en que está planteada; en cambio, se requiere de un análisis de fondo que incluya un diagnóstico sobre el funcionamiento de la actual legislación y sobre el grado de protección que la sociedad en México quiere brindar a su patrimonio biocultural.

Advierte que lo que está en juego “es demasiado importante como para ser legislado con prisas y bajo la premisa burda de que la biodiversidad debe ser utilizada para el crecimiento económico y que para ello se requiere de una ‘legislación moderna’”.

Debe recordarse que los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo, son miembros del Partido Verde.