A unos días de que se realice en México la cumbre de biodiversidad, el mensaje en materia ambiental que el gobierno manda a la comunidad internacional es que este tema no está dentro de sus prioridades nacionales, debido a que los recursos públicos destinados a este sector cayeron a la mitad en dos años.

Además, aumenta el número de especies en riesgo de desaparecer y el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, al que se someten los grandes proyectos, no garantiza el derecho a un medio ambiente sano, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Comienza la COP13

El viernes próximo comienzan las actividades de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica, en Cancún, Quintana Roo, cumbre que congrega a representantes de 196 países, cuya finalidad es conservar la biodiversidad, promover su uso sustentable y garantizar el acceso equitativo a los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos, explica el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Es considerado uno de los principales instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible, ya que su ámbito abarca la conservación y el uso de los ecosistemas, las especies de animales, plantas, hongos, microorganismos y toda forma de vida, además de la diversidad genética, detalla. Entre sus objetivos están definir medidas estratégicas para el logro de Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y para integrar la biodiversidad en todos los sectores productivos,

De acuerdo con el Cemda, se debe otorgar mayor financiamiento público, así como personal suficiente y capacitado al sector ambiental. En un análisis explica que el Presupuesto de Egresos 2017 redujo los recursos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 37 por ciento respecto de 2016, pero en dos años esto implica una caída de 50 por ciento.

Agrega que en el país existen 107 áreas naturales protegidas, pero sólo 60 por ciento tienen programas de manejo; el resto carecen de ellos, como Yum Balam, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, la reserva de la biósfera Caribe Mexicano y el Corredor Biológico Chichinautzin. Sumado a ello faltan por publicarse los decretos de protección de la Sierra La Giganta-Guadalupe, en Baja California Sur, y del Desierto Semiárido de Zacatecas, ambos en categoría de Reserva de la Biósfera.

Agrega que aunque el gobierno mexicano ha fijado como meta de política pública evitar la pérdida de biodiversidad, han decredido las poblaciones de la vaquita marina, la tortuga caguama y el águila real.

El Cemda señala que también se deben elaborar los ordenamientos ecológicos locales y regionales necesarios para proteger los ecosistemas existentes en el territorio nacional, los cuales permiten contar con la información sobre su capacidad de carga y controlar los proyectos de desarrollo en el territorio en cuestión.

En tanto, el Consejo Civil Mexicano estimó que los acuerdos de la COP deben considerar el reconocimiento explícito al manejo forestal comunitario y sustentable como instrumento y mecanismo eficaz para la conservación de la biodiversidad y el logro de las metas de Aichi.