La iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ampliar facultades en trabajos de seguridad interna a elementos de las fuerzas armadas, incluidas labores de recolección de información, sólo es una muestra de la evasión de los gobiernos federal y estatales de su responsabilidad de reconstruir de manera eficiente a las policías civiles, señalaron expertos universitarios y de derechos humanos. De ser aprobada por el Poder Legislativo, la propuesta podría representar riesgos de violación a los derechos de la población, estimaron.

Javier Oliva Posada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que desde hace más de 10 años la autoridad civil ha sido prácticamente omisa o poco sensible a los requerimientos de seguridad del país.

“Se llega a este punto no para ampliar facultades al Ejército, sino porque el poder civil –entiéndase gobernadores y gobierno de la República– no han querido entrar en serio a la reconstrucción de las policías locales. Seguir dando facultades a las fuerzas armadas es seguir prolongando la ausencia, descomposición y desarticulación de las corporaciones policiacas”.

En caso de que los legisladores consideren y aprueben esta iniciativa, remarcó, debe acotarse a una temporalidad y al compromiso de las autoridades para corregir a las policías locales y federal. Si no se acompaña de esas medidas, se estaría cometiendo un error de fondo, tanto de la Presidencia de la República, como del Legislativo.

Señaló que pese a muchas voces, el personal militar ha tenido un papel aceptable en el tema de derechos humanos, aunque no descartó posibles riesgos si llegan a tener más facultades en labores de seguridad. Estamos en un punto crítico, en el que la ampliación de las responsabilidades a las fuerzas armadas es en proporción a la irresponsabilidad de las autoridades civiles.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que es ejemplar el informe del relator especial de Naciones Unidas, Christof Heyns, sobre ejecuciones extrajudiciales, pues dedicó un capítulo completo a la equívoca decisión del gobierno de cualquier país de echar mano de las fuerzas armadas para labores policiacas, porque provoca una espiral de violencia.

El modelo de seguridad de corte militar sienta condiciones y escenarios de vulnerabilidad y proclividad a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Ahí tenemos Tlatlaya, Ayotzinapa, La Calera y Ostula, entre muchos casos.

René Jiménez Ornelas, coordinador de la unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, consideró que esto generaría mayores riesgos para la población, pues los militares y marinos no están capacitados en estas labores, lo que podría traducirse en violaciones a garantías fundamentales. Indicó que crear la ley propuesta por el PRI violaría la Constitución, pero hemos visto que en este país muchas cosas se hacen aunque no estén en la Carta Magna.

A los militares, consideró, corresponde la preservación de la paz en el país ante amenazas externas y apoyar a la población en caso de desastres causados por fenómenos naturales, como sismos, ciclones o huracanes. No les toca meterse en labores de policía, ni hacer investigación, porque sin control estricto hay muchos riesgos.

Carlos Welti, también del IIS, señaló que esa iniciativa es un claro signo de que las autoridades en otros ámbitos de acción están olvidando sus responsabilidades, porque la investigación y la impartición de la justicia corresponde a otras áreas de la estructura institucional.

Calificó de preocupante que las autoridades civiles evadan sus responsabilidades y las transfieran a las fuerzas armadas.

El problema es que no sabemos a qué reglas estarían sujetas estas acciones. Los riesgos no corresponden sólo al hecho de que las realicen soldados y marinos, sino que existen en el actuar de todos los ámbitos de la estructura institucional del Estado mexicano, aseveró.