La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una indagatoria para determinar cómo procedieron las instancias de procuración y administración de justicia en la emboscada en la que murieron militares el 30 de septiembre pasado en Culiacán, Sinaloa.

En un oficio en el que da cuenta del inicio de la investigación, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama López, aseguró que la comisión de ninguna manera se opone a que las personas que cometen delitos sean procesadas y sentenciadas atendiendo a la legislación aplicable, pero es necesario que la actuación de las fuerzas armadas y policiales se lleve a cabo en estricto cumplimiento a la normatividad, los principios, los protocolos, parámetros nacionales e internacionales y que el uso de la fuerza legítima del Estado se encuentre sustentada en los criterios de proporcionalidad, oportunidad y razonabilidad.

Las fuerzas armadas, en su labor de apoyo a las policías, requieren de certeza jurídica, lo que implica que operen bajo un contexto legal que establezca las obligaciones y facultades que les corresponden, con total apego a los derechos humanos.

La agresión a los militares no debe quedar impune, debiendo investigarse y sancionarse los diversos ilícitos que se hubiesen cometido por las instancias encargadas de la administración y procuración de justicia, con todos los recursos y capacidades que la ley les permita, sostuvo el visitador en el oficio en el que respondió al abogado César Gutiérrez Priego, quien presentó la demanda ante la CNDH para que se investigue la violación a los derechos humanos de los cinco soldados que murieron acribillados y ocho heridos, así como un socorrista.

El recurso es producto del malestar que expresaron familiares de militares y soldados en activo en redes sociales en contra de la CNDH, a la que acusaron de proteger a los delincuentes, dejando sin amparo a los elementos de las fuerzas armadas.

El visitador indicó que respecto de la omisión de diversas autoridades el día de los hechos, por la falta de coordinación y la no atención oportuna al momento de conocer la agresión en con-tra de los elementos militares, es materia de la investigación ministerial, en la que se tendrán que determinar los tiempos de respuesta de las autoridades, la operatividad de las cámaras de video y de seguridad pública, y lo que ocurrió antes, durante y después de la agresión.

Asimismo, señaló que la intervención militar en apoyo a la seguridad pública, tiene que ser transitoria, además de que debe haber certeza jurídica para militares y marinos en el desempeño de sus labores en estricto apego a los derechos humanos.

Además, expresó sus condolencias y solidaridad con el personal militar y exigió a las autoridades que realicen una investigación pronta, objetiva e integral de los hechos.

Guadarrama se pronunció en favor del derecho de las víctimas de la agresión a conocer la verdad y que se les procure justicia.