Invisibilizado todavía por el Estado mexicano, el desplazamiento interno forzado es creciente en el país. Los datos más conservadores señalan que al menos 280 mil han sido obligados a dejar sus comunidades de origen en busca de protección, principalmente a causa de la inseguridad y los efectos del combate al crimen organizado.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que las cifras podrían rebasar un millón de víctimas, fenómeno que afecta ya a 16 entidades federativas.

En audiencia pública que se realizará el 5 de diciembre próximo en la ciudad de Panamá, más de 40 organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un diagnóstico completo sobre el tema a escala nacional, en un intento por que el Estado mexicano reconozca la gravedad del problema y sea visibilizado, con el propósito de que finalmente sea atendido con políticas públicas integrales y eficientes.

Brenda Pérez Vázquez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), informó que durante dicha audiencia, a la que también asistirá una representación del Estado mexicano, las organizaciones presentarán un diagnóstico actualizado, sus causas principales y algunos de los casos más emblemáticos años recientes.

Explicó que hay evidencias suficientes, resultado del cruce de información oficial con la derivada de estudios cuantitativos y cualitativos de organizaciones sociales, para estimar que el número de víctimas por desplazamiento interno forzado va de 280 mil, como techo más bajo, a más de un millón de personas.

Además, agregó, sin ser nuevo, el fenómeno es cada vez más grande y ha cambiado de rostro en décadas recientes. Señaló que el desplazamiento ya no sólo es por razones religiosas, como en la década de los años 90, sino ahora sus principales causas están vinculadas con el tema de la inseguridad y los efectos del combate al crimen organizado.

Así, el número de estados afectados ha crecido rápidamente en los últimos 10 años. Incluso, hace dos, al menos 12 estados reportaban éxodos. Hoy, la cifra de entidades asciende a 16, entre los cuales están Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Veracruz. Los dos con mayor registro son Guerrero y Sinaloa.

Sólo este año la Cmdpdh tiene registrados 25 episodios de desplazamientos internos forzosos en el país –movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por una misma causa–, 20 de ellos generados por grupos criminales, pero también por el despliegue de las fuerzas armadas. Los otros cinco se deben a motivos religiosos, instalación de megaproyectos y violencia política, informó Brenda Pérez, del equipo encargado de reunir y conformar los insumos e información que serán presentados a la CIDH.

Existe otro éxodo prácticamente invisible, el cual no se incluye en dichos episodios, que está relacionado con el desplazamiento individual, que se da gota a gota, donde núcleos familiares pequeños abandonan su comunidad de manera aislada y discreta a consecuencia de atentados contra la integridad de su familia o para escapar del riesgo que significa vivir en una determinada comunidad insegura o violenta.

La investigadora expresó que México carece aún del andamiaje legal e institucional necesario para proteger y asistir el problema del desplazamiento interno. Las respuestas estatales se han dado de manera fragmentada, y de entrada no hay reconocimiento oficial del fenómeno derivado de la política contra la seguridad.

Como parte de las audiencias públicas en la CIDH, otras organizaciones y colectivos mexicanos expondrán la situación sobre derechos sindicales, desaparición forzada y consulta indígena a los pueblos de Yucatán, vinculados con la soya genéticamente modificada.