s un ejemplo de aplicación de la lógica del gane-gane en la educación. Con el desplazamiento que se anuncia de millones de niños a escuelas concentradoras ( La Jornada, 21/11/2016), en realidad lo que hace la SEP es cerrar 100 mil planteles de educación primaria del país y, con eso, recortar como nunca el presupuesto. Pero además, significa eliminar la columna vertebral de la resistencia magisterial, pues los maestros indígenas y de las comunidades pobres y pequeñas (escuelas unitarias y multigrado) son los más combativos y decididos a impedir la aplicación de la reforma educativa en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Si esta iniciativa prospera, se ganaría una batalla presupuestal contra los pobres del país y, en la estrategia política contra el enemigo fundamental de la reforma, se habría deshecho el núcleo más fuerte de la resistencia magisterial en el suroeste del país. Parece pensarse que desaparecer decenas de miles de escuelas rompería la muy estrecha y creciente vinculación entre maestros, padres de familia y comunidades. Recuerda la estrategia militar de desplazar masivamente a miles para dejar sin base social a la resistencia pero, además, aparece precisamente en el momento en que se fortalece la presencia militar en el terreno educativo. Hace apenas unos días el propio Secretario de la Defensa Nacional, en acuerdo con la SEP, hizo una propuesta pedagógica integral (centrada en la vertical transmisión del saber adquirido, el respeto a los símbolos patrios y, con un toque de modernidad y acuerdo, convocando a la enseñanza de calidad) ( La Jornada, 16/11/2016, p. 3).

Sin embargo, como ocurre con estos acuerdos de gane-gane que a su favor arman los poderosos, siempre hay quienes, detrás y al fondo, pierden en serio. En este caso son 3.2 millones de niños que por el cierre de 100 mil escuelas serán trasladados a otros lugares para recibir instrucción durante el día y, como ya se ha hecho en estados como Chihuahua, devueltos por la tarde-noche a sus comunidades y hogares, o recluidos en una especie de internado durante la semana. Se provocará con esto la radical disminución de la conexión de los niños con la vida familiar y comunitaria, algo fundamental para la creación de identidad en los futuros jóvenes, e indispensable ante el actual y alterado contexto nacional (adicciones, narcocultura).

Pero, además, están los despidos. Han sido cesados más de 3 mil maestros por participar en las protestas contra la evaluación punitiva y la reforma. En la Ciudad de México 21 docentes fueron despedidos a partir de las manifestaciones de julio pasado. Once de una misma escuela, la Leonardo Bravo, incluido el director, maestro muy conocido y apreciado dirigente de la sección novena perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Participante activo en las protestas y también en apoyo constante a las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, buscó incansablemente salidas al conflicto y colaboró con entusiasmo en la creación de modelos de educación alternos al de la reforma. Lleva el nombre de uno de los héroes de la lucha por la Independencia y ha sabido honrarlo. El caso de este director, Francisco Nicolás Bravo, como el del resto de los maestros reprimidos, obviamente, no es un despido laboral cualquiera, es parte de una estrategia de guerra política, con la intención de descabezar y escarmentar.

Ante las protestas por los despidos, es notable la rígida respuesta oficial: la autoridad educativa somos nosotros, y lo que está antes que todo es el derecho de los niños a tener clases. Estos profesores dejaron a los niños 10 u 11 días sin clases ( La Jornada, 19/11/2016, pág. 16). La autoridad federal, sin embargo, no tiene empacho ético en plantear al mismo tiempo la supresión de más de 100 mil escuelas y poner a millones de niños y niñas a circular por los azarosos caminos de terracería y montañas del México profundo. Por defender los intereses financieros y políticos se alterarán y perjudicarán durante años las vidas de millones, alejándolos de sus hogares y de sus entornos vitales en la etapa más importante de su crecimiento. Y, además, los despidos; se persigue y priva de trabajo a miles de maestros que representan una opción educativa y ética distinta: quieren más escuelas, más maestros, mejor educación, y se manifiestan (no pocas veces con el consentimiento y participación de los propios padres de familia) precisamente contra una reforma huérfana por todos lados de apoyo social y ético.

Así, la llamada reforma educativa no sólo es cuestionable por sus deficiencias educativas y su falta de respeto a la civilización de derechos laborales, también porque ahora aparece como carente de la ética más elemental. Reinstalar a los despedidos, cancelar el desarraigo de millones, serían un poderoso gesto de rectificación y deslinde por parte de una autoridad educativa que atiende a argumentos. Si no, la protesta de los padres de familia y comunidades se hará más extensa y enconada. Y más difícil la paz y, también, el éxito de una reforma impuesta.

P.S. Solidaridad con Carmen Aristegui.

*Rector de la UACM