El nuevo sistema de justicia penal establece la eliminación de la prisión preventiva; sin embargo, funcionarios federales encargados del combate al crimen organizado advirtieron los riesgos que tendría suprimirla de manera total.

Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al participar en el foro Nuevo sistema de justicia, ¿qué falta para su consolidación?”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, dijo que construir las medidas cautelares que erradicarán la prisión preventiva tomará al menos cuatro años.

Vizcaíno advirtió que pese a los avances en justicia alternativa, representaría un absoluto riesgo pretender eliminar en el corto plazo la prisión preventiva oficiosa, ya que el sistema nacional de justicia no está girando a la velocidad que estaba planeada y es necesario echarle gotas de aceite.

Ello, precisó, debido a que no funcionan adecuadamente las unidades de medidas cautelares, responsables de dar información al juez de control para determinar la medida idónea; incluso, éstas no existen en los estados de Aguascalientes, Chiapas y Quintana Roo.

Sostuvo que México no está preparado para eliminar la prisión preventiva oficiosa, mientras no tengamos unidades de medidas cautelares sólidas que proporcionen información sobre el riesgo que representa un imputado. Quitar las medidas cautelares es como quitar los alfileres a un sistema de justicia y que éste colapse. Se mandaría un mensaje de impunidad.

Por su parte, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, Gustavo Salas Chávez, y el integrante de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, coincidieron en afirmar que sin la prisión preventiva aumentarían los índices de impunidad.

El funcionario de la CNS destacó que la prisión oficiosa tiene cabida en un modelo democrático, porque el derecho penal protege garantías y el Estado tiene la obligación de asegurar a la población que habrá certeza jurídica ante los hechos delictivos.

Afirmó que hay nuevas amenazas en el ambiente que nos rodea, hay delincuencia altamente lesiva a los intereses del Estado, pues amenaza la seguridad nacional y la seguridad pública, y pidió que se refuercen las prácticas jurídicas que combatan la impunidad.

En su intervención, el director del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Acusatorio Adversarial, Fabio Valdés Bensasson, destacó que se están diciendo cosas peligrosas al pretender ignorar que la responsabilidad de los jueces es dictar sentencias basadas en las investigaciones, que son responsabilidad de los policías y agentes del Ministerio Público, de ahí que se deba permitir la prisión preventiva en tanto se avanza en las indagatorias para contrarrestar la impunidad.

Señaló: es cierto que en el estado de derecho que se construye en el país no hay cabida para la prisión preventiva oficiosa, pero en términos reales no se habla de la abolición de la detención preventiva, porque esta es una necesidad, es un mal necesario, porque la impunidad implica la libertad oficiosa.