Bogotá.

Colombia firmó este jueves un renegociado acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar medio siglo de confrontación, que probablemente será ratificado en el Congreso la semana próxima, a pesar de la persistente oposición.

El ex presidente Álvaro Uribe, quien encabeza la corriente detractora del acuerdo y es acusado por defensores de los derechos humanos de estar vinculado con grupos paramilitares, propuso otro referendo para aprobar el nuevo acuerdo y definir su implementación.

Casi dos meses después de que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz en un plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, sellaron con un balígrafo (bala convertida en bolígrafo) el nuevo pacto, en una austera ceremonia.

Los 800 invitados al Teatro Colón de Bogotá contrastaban con la firma anterior, el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena, frente a 2 mil 500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado.

El texto, alcanzado el 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, busca poner fin al conflicto armado más antiguo del continente, en el que también han participado paramilitares y agentes estatales, que dejó más de 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados.

Este acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos, aseguró Santos, confiado en que el Congreso apruebe el texto la próxima semana.

Timochenko negó que se depongan posiciones ideológicas. Sólo ponemos fin de manera definitiva a la guerra, para confrontar civilizadamente las contradicciones, sostuvo, al tiempo que propuso formar un gobierno de transición para dar cumplimiento cabal al pacto.

La ex congresista colombiana Piedad Córdoba calificó de proeza la firma del acuerdo de paz. Ni en la noche más oscura de la guerra perdí la fe en la paz, pero debo decir que lograrla en cuatro años ha sido una proeza, escribió la abogada y defensora de derechos humanos en su cuenta de Twitter.

Consuelo González de Perdomo, ex congresista secuestrada por las FARC, dijo que esta es una oportunidad grandísima de reconciliación. Otra que también fue rehén, Clara Rojas, aplaudió el fin de un gran proceso y el compromiso de las FARC con la paz.

Esta tarde el acuerdo fue llevado al Congreso, de mayoría oficialista, donde debe aprobarse para su implementación. El debate, que comenzará el martes en ambas cámaras, será abierto y televisado, con participación no sólo de legisladores, sino también de víctimas y opositores. Estamos asumiendo esta responsabilidad con todo compromiso, declaró el presidente del Senado, Mauricio Lizcano.

La decisión, sin embargo, es cuestionada por el ex presidente y senador de derecha Álvaro Uribe, cuyo partido anunció que llamará a los colombianos a las calles. Incluso algunos de sus seguidores se manifestaron en el Senado contra esta firma.

Aunque Uribe reconoció que hubo mejoras, destacó que falta cambiar aspectos sustanciales y esbozó la idea de juntar firmas para un referendo que revise ciertos puntos de los acuerdos.

El país quiere paz, pero sin impunidad. Y aquí continuamos con impunidad total, declaró a RCN televisión.

Uno de los principales reclamos de la oposición de ultraderecha es que el nuevo documento también permite que guerrilleros culpables de delitos pueden presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.

Si bien las partes sostienen un cese del fuego desde finales de agosto, su fragilidad ha quedado de manifiesto con la reciente muerte de dos guerrilleros en supuestos combates con el ejército y el asesinato de varios líderes sociales.

Condenan a general implicado en la muerte de Luis Carlos Galán

En tanto, tres décadas después de un crimen que conmovió a Colombia, el general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por su implicación en el homicidio del precandidato presidencial Luis Carlos Galán.

La Corte Suprema de Justicia consideró que Maza Márquez, entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contribuyó en 1989 al plan para asesinar a Galán, según un comunicado publicado este jueves.

El tribunal determinó que Maza Márquez nombró como jefe de escoltas de Galán a un hombre de su confianza, el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos, quien a su vez tenía nexos con el cártel de Medellín, que habría ordenado el asesinato del precandidato, ocurrido el 18 de agosto de 1989. El general retirado fue considerado por la corte coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas.