No es propio de las fuerzas armadas dedicarse a la seguridad interna, ya que ha producido monstruos como la guerra sucia de los años 70. Cuando se les encargó la seguridad interior hubo tortura, desapariciones y asesinatos, afirmó ayer David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana (Uia).

Las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar labores policiacas de seguridad interna, sino para combatir a un enemigo. Dar categoría de enemigo a alguien de la sociedad es grave y peligroso. En la lucha contra el narcotráfico, soldados y marinos han cometido excesos, crímenes atroces, y no debería correrse el riesgo de que los sigan cometiendo.

Si continúan participando en la lucha contra el crimen organizado debe ser con un plazo acotado y siempre en proceso de retirada de estas tareas; no puede legitimarse su estancia a largo plazo, porque desnaturaliza su tarea y, por otro lado, nos quita la responsabilidad de generar policías y cuerpos de seguridad interna profesionales, capacitados que obedezcan al mando civil, señaló Fernández Dávalos.

Por su parte, Santiago Corcuera, presidente del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló que preocupa que algunas disposiciones de la iniciativa de reforma son violatorias del derecho a la privacidad y no garantizan el debido proceso. Que cada quien se dedique a lo que es especialista y los militares no lo son para la seguridad pública, aseveró.

Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que la iniciativa del PRI para dotar de un marco jurídico a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado representará un debilitamiento de los gobiernos locales y estatales, y mayor empoderamiento de los jefes militares en diversas zonas del país.

Dijo que la propuesta va contra las recomendaciones de organismos internacionales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado que la presencia de militares en tareas de seguridad sólo sea temporal.

Estimó que con una ley que daría más facultades a la actuación de las fuerzas armadas, se crearían las condiciones para la continua violación de derechos humanos con la manipulación de los términos de seguridad interna, estabilidad social y paz pública.