omás Zerón de Lucio podría dar vigor represivo a su más reciente cargo si se aprueba la iniciativa de reformas legales que busca ampliar el nivel de intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior del país, pues la acción expansiva de soldados y marinos en temas hasta ahora propios de civiles contaría con el apoyo y coordinación de la Secretaría de Gobernación (SG, ocupada por un político con intereses electorales evidentes, Miguel Ángel Osorio Chong) y del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que desde septiembre de este año tiene como titular al citado Zerón (https://goo.gl/3QYLMO), quien era director de la Agencia de Investigación Criminal (dependiente de la Procuraduría General de la República).

El historial de Zerón de Lucio ilustra con claridad los riesgos que entraña el consolidado acuerdo de legisladores priístas con los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina para establecer un nuevo marco jurídico de las operaciones de estas instancias armadas. El amplio abanico de operaciones militares contra objetivos civiles que posibilitaría la nueva ley (según lo publicado ayer por el reportero Enrique Méndez, en La Jornada: https://goo.gl/QLxFMb) tendría como dedos indicativos a personajes de la siempre turbia Secretaría de Gobernación (sea quien sea el ocupante del cargo) y a constructores de mentiras históricas como el funcionario rebautizado popularmente como Zembrón, pues fue pillado gráficamente en circunstancias de siembra de pruebas en el río Cocula, un día antes de que ahí fueran descubiertos restos óseos que son el único sostén, aunque absolutamente endeble, de lo que luego postularía el procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, como la verdad histórica respecto a los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa.

El reporte de Enrique Méndez señala que la iniciativa de reformas en curso busca facultar a soldados y marinos para el uso legítimo de la fuerza en operativos contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública, como el narcotráfico e incluso la corrupción. Un espectro tan amplio podría permitir la intervención, legal, de las fuerzas armadas contra movilizaciones sociales en circunstancias como las que se viven actualmente en Veracruz, pero también en conflictos artificialmente creados contra políticos o gobernantes adversos a quienes tengan el poder federal. Todo cabe en el jarrito de la defensa de la seguridad interior, sabiéndolo acomodar.

Resulta también alarmante el texto hasta hoy aprobado en su ámbito partidista por la bancada del PRI en San Lázaro, con el visto bueno del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y ya conocido por el de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, pues se indica que en los eventuales momentos de crisis política interna, esas secretarías podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, lo cual obligaría a las instituciones gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar dicha información, lo cual haría nugatorias todas las formas de protección de datos hasta ahora vigentes y pondría ese delicado material en manos de fuerzas armadas que en el proceso de combate a la delincuencia organizada han sufrido infiltraciones y distorsiones graves.

Un lector envió a esta columna su opinión sobre lo que cree puede suceder si se aprueban los nuevos pasos militares en materia de acciones de seguridad interior y de acciones de orden interno: “Las pretensiones del gobierno federal, el PRIAN y los dueños del dinero, apoyándose en el desborde de la seguridad pública por acción de la delincuencia organizada, es avanzar en la configuración de un Estado autoritario represor, que impida a las fuerzas de la sociedad civil siquiera disentir con el pensamiento y el modus operandi de la clase dominante nativa y globalizada. De legislarse en el sentido propuesto, y legalizarse las operaciones militares como fuerza policial y dándoles poderes extraordinarios para que puedan actuar con total impunidad en la persecución de la cada vez más amplia y consciente porción de ciudadanos que están hartos de este gobierno y de las políticas neoliberales, en México se abrirían las puertas del infierno para que en nombre de la ‘seguridad pública’ y ‘la paz social’ los aparatos represivos del Estado conviertan al país en un nuevo Gulag”.

Tomás Yarrington Ruvalcaba es amigo de la casa del poder priísta. Fue uno de los personajes que con más fuerza (¿y dinero?) apoyaron la precandidatura presidencial de un político radicado en Toluca. Nacido en Matamoros en marzo de 1957, gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 y fue largamente mencionado en los medios políticos y en versiones populares por sus presuntas relaciones con uno de los cárteles oriundos de la entidad.

En mayo de 2012, ya en campaña por la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto era interrogado por periodistas respecto a su relación con el ex gobernador Yarrington, que era señalado por autoridades estadunidenses como partícipe en negocios del crimen organizado. El nativo de Atlacomulco, aunque se deslindaba de toda relación ilícita y pedía la aplicación de la ley, llegó a considerar, amablemente, que esas acusaciones tenían como marco de referencia la guerra sucia previa a la concurrencia a las urnas (en este video, más allá de estridencias, puede verse una declaración de EPN sobre el tema: https://goo.gl/OH2Fci).

Ahora, la Procuraduría General de la República, ante presión de panistas que quieren igualar cartones en el caso Padrés, y en campaña del actual titular para parecer justiciero en busca de un próximo salto transexenal, por nueve años, se anuncia que se recompensará con quince millones de pesos a quien dé información que permita aprehender a Yarrington. Para ubicar al siempre presente fugitivo, tal vez pudo haberse boletinado la fotografía de años atrás, en la que alegremente comparten asiento a bordo de un vehículo el ex gobernador de Tamaulipas y el actual ocupante de Los Pinos. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx