l gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) anunciaron ayer que este jueves 24 firmarán en Bogotá el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera alcanzado el sábado 12 en La Habana, Cuba. Luego de la firma por ambas partes, el texto será remitido al Congreso, donde se espera su aprobación gracias a la mayoría oficialista y de otras fuerzas que respaldan el proceso para poner fin al conflicto armado que en más de medio siglo ha dejado 300 mil muertos, 45 mil desaparecidos y hasta 6.9 millones de desplazados internos, según cifras oficiales.
Las pláticas para lograr la desmovilización de la organización guerrillera más antigua de América Latina se iniciaron de manera oficial en La Habana en septiembre de 2012 y continuaron hasta agosto de este año con el auspicio de Cuba y Noruega como países garantes, además de Chile y Venezuela en el papel de acompañantes de las conversaciones. El presente acuerdo se da tras un intenso esfuerzo de negociaciones para integrar en el documento definitivo las demandas de los sectores que se opusieron al texto original, acordado el 24 de agosto y rechazado por estrecho margen en el plebiscito de ratificación convocado por el presidente Juan Manuel Santos el 2 de octubre pasado. Entre los principales cambios en el nuevo acuerdo destacan el rechazo a incluir el acuerdo en la Constitución y la defensa explícita de la propiedad privada en la reforma rural, además de precisiones importantes en la restricción efectiva de la libertad de los combatientes desmovilizados.
Hasta ahora el principal escollo para terminar con el sangriento conflicto ha provenido de los sectores retrógrados y belicistas encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, quien emprendió una cruzada personal para descarrilar el proceso de paz mediante el miedo, el fanatismo derechista y el espíritu de venganza. Dichos grupos, que durante décadas han apostado a la aniquilación armada de la guerrilla, pretenden fundamentar su postura en una presunta defensa de los derechos de las víctimas, la cual se revela contraria a éstas, en tanto que los resultados del plebiscito mostraron un amplio apoyo al tratado de paz en las zonas más azotadas por el conflicto.
Ante esos intentos por dar al traste con la búsqueda de una salida pacífica, la incorporación de múltiples demandas de los opositores al acuerdo original muestra la voluntad política del gobierno de Santos y los miembros de las Farc por mantener sus compromisos, pese a las dificultades y la fragilidad inherentes a un proceso de naturaleza tan compleja como el actual.
Con el anuncio de lo que se vislumbra como una firma definitiva de la paz, no queda sino felicitar al pueblo colombiano por este logro histórico, y desearle la mejor ventura en la complicada fase de reconstrucción nacional por venir.
