Los alcances de la constitución
En juego, el futuro de la ciudad
Los temas torales
a especie que asegura, por un lado y otro, que la constitución política de la Ciudad de México no sirve para nada, que no es más que el artículo 122 de la constitución general ampliado, o que no cuenta con el aval de los habitantes de la capital porque la formación de la Asamblea Constituyente recibió poco más de la cuarta parte de los votos que supone la lista de ciudadanos en aptitud de sufragar, es decir, muy pocos, podría tener razón en sus apreciaciones. Pero eso no debería inhibir, de ninguna manera, su participación en la construcción de las reglas de convivencia que, a final de cuentas, deberán cumplir.
El proyecto que el jefe de Gobierno envió a la Asamblea Constituyente es mucho más que una exigencia de recursos. Cada uno de los artículos que lo conforman tiene un fondo político que tal vez no ha sido explicado con la amplitud que merece, pero que cambiará el destino de muchos habitantes de esta ciudad.
Hay en juego, así como en cada una de las ocho mesas donde se analiza cada uno de los principales temas del proyecto, el futuro de la capital. Un ejemplo claro de lo que se discute es la función del gobierno y de la iniciativa privada en la realización de las grandes obras que requiere una metrópoli como la nuestra, y junto con ese tema el de la recaudación de impuestos por el gobierno central.
La pregunta, entonces, vuelve a ser la misma que hemos hecho desde hace mucho tiempo: ¿más gobierno o más iniciativa privada? Si nos atenemos a los resultados podríamos señalar que cada día hay más iniciativa privada como factor de poder, y cada vez menos gobierno si nos atenemos a las funciones que debería cumplir para lograr un estado de bienestar que haga justicia a los diferentes sectores de la población.
No obstante, aun cuando hoy vivimos inmersos en el mejor momento de la economía de mercado (no el mejor para la gente), los resultados parecen desastrosos. La iniciativa privada, en lugar de crear los empleos que se requieren, se dedica a buscar formas de chantajear al gobierno y nunca como ahora hay un porcentaje tan alto entre los habitantes de la ciudad.
Por eso, dejar en manos de la iniciativa privada la rectoría de la economía en la ciudad y permitirle su participación, parcial o total, en áreas donde es indispensable la presencia de la representación popular, llámese gobierno central o Asamblea Legislativa, sería tanto como desproteger a una sociedad que requiere equidad y justicia. El fracaso del modelo actual ha elevado, indiscutiblemente, el número de menesterosos y ha agravado el conflicto social como nunca.
Hoy se pide al gobierno que recaude más dineros vía impuestos y no nuevos impuestos, sino los que deben cobrarse, pero si el poder económico del gobierno aumenta considerablemente por esa vía, entonces le sería factible impulsar el desarrollo de la ciudad con una pequeña parte de la iniciativa privada para que ésta, a su vez, invierta en proyectos productivos que den como resultado, por ejemplo, la creación de empleos en áreas que no competen al gobierno.
Como éstos, y la posibilidad de proponer leyes desde la ciudadanía, el referendo, el plebiscito, la consulta ciudadana y la revocación del mandato, además de la propuesta de hacer del voto popular una forma incidir en el ejercicio de gobierno como la orientación de cada una de sus acciones, son parte de esta nueva historia social que se escribe desde la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
De pasadita
Dice Jorge Gaviño, quien está al mando del sistema de transporte Metro, que no hay intenciones de privatizar esa forma de movilidad en la ciudad; es más, que a ningún inversionista le convendría entrar a un negocio que para sobrevivir necesita ser subvencionado, porque, como ya todos sabemos, el costo del boleto está por debajo de su precio real. Pero la iniciativa privada ya tiene la respuesta: aumentar el precio del boleto. Tantán.
