enos de una semana bastó a los concesionarios de transporte urbano de Aguascalientes para que la administración del gobernador Carlos Lozano de la Torre capitulara al chantaje y permitiera el aumento a las tarifas de transporte. Aprovechando la debilidad de un gobierno al que le queda poco más de una semana, los transportistas coaccionaron a las autoridades anunciando un paro de labores de 50 por ciento de la flotilla de camiones. La primera reacción fue de rechazo absoluto a las pretensiones de los empresarios, postura que iría cediendo hasta permitir el alza.

No importa si los concesionarios demandaban un aumento del doble de la tarifa y que el gobierno haya accedido a un alza menor, pues la elevación de los costos se autorizó para camiones urbanos, las camionetas que comunican entre los municipios y los taxis. No se trata de considerar si es mucho o poco el costo, sino el juego de complicidades en el que autoridad y concesionarios engañaron a la población, un jaloneo mediático en el que el gobierno estatal argumentaba el derecho a retirar la concesión a quien no cumpla con dar el servicio, y los lamentos de los dueños de los camiones que sostuvieron el chantaje, arguyendo que disminuían la cantidad de vehículos en servicio, debido a fallas técnicas que sólo se remediarían mediante un aumento. Al final, aprovechando los días de descanso, el gobierno estatal cedió a las amenazas, dejando de lado el fraude millonario con que los concesionarios manejan un fondo especial para el mejoramiento del servicio y del que, hasta ahora, nadie les ha pedido cuentas, cuando en la ley se estipula que la estafa es motivo del retiro de la concesión.

En unos días entrará el nuevo gobierno, con el mismo servicio de transporte urbano deplorable y de calidad indigna, pero con un regalo de la administración que se va: un alza de precios que redundará en la no discusión del tema, un obsequio para administrar la transición que pagarán como siempre, los ciudadanos.

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