La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció ayer su facultad de atracción para conocer el amparo presentado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho AC contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del primero de junio de 2015, en la que le negó el acceso a informes relacionados con la muerte de 72 migrantes centroamericanos, ocurrida en 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

Por considerar que el asunto es de trascendencia e importancia jurídica, ya que la negativa de entregar la información se basa en que está en curso una averiguación previa, los ministros decidieron asumir su competencia en este amparo en el que los tribunales han confirmado que por tratarse de información reservada no puede ser entregada.

Los ministros tienen oportunidad de determinar el criterio que debe regir en cuanto a si la información clasificada reservada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos viola los derechos a la información y el principio de máxima publicidad, en razón de que está relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.