El histórico tránsito de mexicanos en territorio de Estados Unidos, y el probable endurecimiento de las normas de aquel país en contra de los connacionales, requieren respuestas sólidas desde el gobierno federal y sus instituciones. Tal circunstancia manifiesta la obligación de crear una procuraduría de defensa de los derechos de los migrantes, expuso el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz.

Ayer, el funcionario federal envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una propuesta de iniciativa de ley para implementar la protección y apoyo a los migrantes y sus familias, que incluye la creación de una procuraduría específica.

‘‘Los migrantes, particularmente los más pobres, constituyen un grupo extremadamente vulnerable. En el caso de nuestra nación es altamente exportadora de migrantes. El reporte de migración internacional refiere que México (en el año 2013) fue el segundo país con mayor número de migrantes en el mundo, con 13.2 millones de personas, de los cuales 11.8 millones –98.1 por ciento– tuvo como destino Estados Unidos.’’

La migración, como complejo fenómeno histórico mundial, debe resolverse con esquemas de cooperación entre naciones, adujo Martínez Veloz, pues sus derechos ‘‘no se encuentran institucionalizados dentro de la estructura gubernamental, lo que provoca un vacío en el terreno de las garantías de que debe gozar cualquier persona obligada por las circunstancias materiales y sociales a abandonar su país, su familia y sus propiedades’’.

En la actualidad, de los 35 millones 694 mil 781 mexicanos en el exterior, 35 millones 400 mil viven en Estados Unidos, lo que representa 97.54 por ciento. De esto se deriva que la población de mexicanos que migraron y actualmente viven en Estados Unidos sumen 11 millones 714 mil 500; de aquellos que nacieron y viven en Estados Unidos se contabilizan 23 millones 685 mil 500, y la población mexicana en el mundo, sin considerar Estados Unidos, asciende a 294 mil 781.

La propuesta al titular de Gobernación refiere que la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos son asalariados que perciben los ingresos más bajos en aquel país, y forman el grupo con la tasa más elevada de pobreza, con un sueldo promedio entre los 10 mil y 20 mil dólares anuales.

Martínez Veloz propone cinco ejes rectores en la propuesta de ley, tendentes a obligar a las instituciones federales, estatales y municipales a implementar programas acordes con las características y circunstancias de los migrantes.

Corresponsabilidad social

En segundo turno se convoca a la corresponsabilidad de los sectores público, social y privado en relación con la atención a los migrantes; proveer trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de todos los migrantes sin distinción de su procedencia, edad, sexo, estado físico, situación económica, origen étnico, preferencia política, religión o cualquier otra circunstancia.

También, las acciones que se realicen en beneficio de los migrantes, refiere el texto, estarán orientadas a preservar su dignidad, establecer condiciones de respeto y promover el desarrollo de sus potencialidades, y en cuanto a la participación, se buscará que los migrantes participen en la solución de sus problemas, según sus capacidades y ámbitos de su interés.