a aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esa tarea requiere de legisladores competentes y conocedores de la situación del país, pues en ella participan como representantes de la nación, no como representantes de un estado y menos de un distrito, aunque esa dimensión asume la mayoría de los diputados federales cuando acepta aprobar ese importante documento a cambio de que contenga recursos para alguna obra o programa particular, o lo que es peor, a cambio de que contenga la posibilidad de asignar personalmente algunos millones mediante los consabidos moches.

Esa falta de conciencia de la importancia para el país de esta atribución exclusiva permite también que buena parte de los diputados federales acepte participar sin la debida y completa información.

Esa conducta es doblemente irresponsable en estos tiempos en los que México afronta la amenaza del presidente electo del país vecino del norte de eliminar el Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que significaría una disminución dramática de la actividad de las industrias más productivas.

La nueva circunstancia exigía aprobar un presupuesto distinto al de la austeridad neoliberal, uno orientado a estimular el mercado interno y la reconstrucción de miles de cadenas productivas destruidas por el espejismo de que las exportaciones crecientes serían la locomotora del desarrollo económico.

La cortedad de miras de la mayoría de los legisladores y la terquedad de los operadores del neoliberalismo no les permitió entender que es urgente combatir las desigualdades territoriales y sociales, caldo de cultivo de la inseguridad y la violencia.

Más grave aún es que no se asignaron los recursos necesarios para la educación en el total de sus niveles en todo el país, ni para la investigación científica y la innovación.