l próximo diciembre se llevará a cabo en Cancún la reunión del Convenio de Diversidad Biológica (CDB). Representantes de países desarrollados y subdesarrollados, trasnacionales como Bayer-Monsanto y miembros de la sociedad civil discutirán cómo preservar y utilizar sustentablemente
esta riqueza, en la que se basa el futuro de la alimentación, del equilibrio del planeta y del descubrimiento de nuevos principios activos para aplicación médica, entre otros. México es considerado un país megadiverso y es crucial para la conservación global de la riqueza biológica.
Para el capital, la biodiversidad es una fuente estratégica de apropiación y negocio. Esto es lo que motiva la propuesta de ley general de biodiversidad (LGB) de la senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista. Pretenden aprobar esta norma de manera expedita y lucir este logro
en Cancún, donde se podría articular con los protocolos de Nagoya, Cartagena y el CDB. La senadora es licenciada en mercadotecnia por la Universidad Anáhuac e hija de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México.
En la LGB dice que el término biodiversidad deja de tener una dimensión de país para pasar a un ámbito internacional y político
. Esto es grave, pues como para el petróleo, la energía en general y el agua, se pierde la autonomía local y la soberanía en la gestión y usufructo de estos cruciales recursos para México. La biodiversidad es un patrimonio nacional; buena parte de su origen y preservación hasta la fecha se debe a los pueblos originales y campesinos, riqueza íntimamente relacionada con sus territorios y cultura. Es, pues, una riqueza biocultural que nos pertenece a todos los mexicanos y por ningún motivo debe ser botín de algún interés mercantil particular, nacional o internacional. En su momento, la Ley General de Cambio Climático se anunció como un proyecto en proceso de discusión en la COP 16 y fue aprobada en 2012, es decir, se consultó por más de dos años. Un documento tan importante como la LGB no puede aprobarse sin una discusión amplia y democrática, sobre todo si se toma en cuenta que presenta errores que una primera lectura de compañeros que colaboran en UMAS han logrado detectar: la LGB está basada casi íntegramente en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), a la que pretende abrogar, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa). Sin embargo, en varios artículos de la esta última norma se menciona que únicamente podrá permitirse en las áreas naturales protegidas la realización de actividades relacionadas con investigación, recreación, turismo y educación ecológica, mientras en la LGB, que retoma casi textualmente estos artículos, se menciona que se dará prioridad a dichas actividades, abriendo la puerta a una vulnerabilidad total de las áreas naturales protegidas, sobre todo a las iniciativas del gran capital.
Esta iniciativa y el Protocolo de Nagoya no han sido consultados y analizados de manera amplia, democrática y con el debido tiempo, como exigen los tratados internacionales ratificados por México. Es una propuesta que lejos de ampliar o reforzar la protección y conservación de la diversidad biológica y la riqueza biocultural asociada, puede ser profundamente destructiva de los territorios de los pueblos originales y campesinos, del futuro del planeta en general. Sin embargo, las comunidades donde se ha aplicado el Protocolo de Nagoya han logrado obtener 0.1 a no más de 2.5 por ciento de las ganancias económicas, lo que es absolutamente desigual. Dicho protocolo facilita que los recursos genéticos y el conocimiento tradicional sean sometidos a las leyes de propiedad intelectual, creadas para derechos industriales y no de seres vivos, y que los tratados de libre comercio firmados por naciones megadiversas se sometan a la legislación de los países industrializados, lo cual podría convertir en ilegales prácticas campesinas e indígenas milenarias, como la selección, cuidado, guarda e intercambio de semillas, algo inadmisible; más otras definiciones que, en los hechos, dejan en la indefensión a los pobladores locales. El beneficio particular derivado de estas transacciones no justifica que se disponga del patrimonio genético del país. Los recursos biológicos y el conocimiento tradicional no se deben privatizar ni patentar, implican una riqueza biocultural que se debe a las comunidades que por siglos les dieron origen, los han mejorado y mantenido, a pesar de los embates del capitalismo depredador.
En conclusión, se debe rechazar la ley general de biodiversidad, así como las reformas a diversas disposiciones de la Lgeepa y la abrogación de la LGVS. Además, este instrumento legal está articulado con otras iniciativas promovidas por intereses privados interesados en la riqueza natural de México. También exigimos una moratoria inmediata al Protocolo de Nagoya y a su proyecto de aplicación en México, que incluye la llamada gobernanza de la biodiversidad
. Llamamos a promover un debate nacional amplio, abierto y plural, que debe incluir la participación efectiva de pueblos originales y campesinos, y de todos los actores que se puedan ver afectados por este tipo de iniciativas. Es crucial asegurar el respeto a los derechos de los pueblos originales de continuar conservando la biodiversidad de sus territorios estrechamente ligada a la generación de la riqueza biocultural de los mismos. El bien común y el futuro de la biodiversidad de México deben anteponerse a los intereses privados que ambicionan esta riqueza. La biodiversidad del país es crucial para lograr la autonomía y seguridad alimentaria, así como la reproducción comunitaria de las culturas, que dan sentido a México como nación pluricultural.
* Universidad Veracruzana. Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Colaboraron en el artículo Emma Estrada Martínez (Universidad Autónoma Chapingo) y Miguel Pinkus Rendón (UNAM)
