Río de Janeiro.

La policía militar de Río de Janeiro lanzó aerosol pimienta este miércoles a manifestantes que derribaron una valla afuera de una reunión de legisladores, mientras éstos debatían un paquete de austeridad para hacer frente a una creciente crisis financiera que ha impedido pagarle a miles de trabajadores estatales.

El gobierno federal envió a cientos de agentes de la policía militar después que una protesta similar la semana pasada se tornó violenta. Con escudos y armas de aerosol pimienta, policías antimotines se colocaron frente a la asamblea legislativa del estado de Río de Janeiro. Por varias horas los inconformes que rechazan el paquete de maldades, que prevé la reducción del gasto social, derribaron varias vallas en un intento por ingresar al recinto.

El estado está sumido en una crisis fiscal meses después de que su ciudad más famosa, Río de Janeiro, fue anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2016. A miles de empleados públicos y jubilados no se les ha pagado, o se les ha pagado con meses de atraso.

El gobierno federal ha dicho que no rescatará a la entidad por miedo a un efecto en cascada en otros estados.

El país padece la recesión más grave en varias décadas. Tanto la inflación como el desempleo se encuentran por encima de 10 por ciento, y a diario hay anuncios de despidos.

Mientras tanto, un grupo de manifestantes que exigía un golpe de Estado irrumpió en la Cámara de Diputados nacional en Brasilia. Las imágenes en el noticiero Globo mostraban a unas 50 personas que interrumpían la sesión. Se reunieron en medio del pleno mientras coreaban que deseaban el regreso de un gobierno militar.

Se suspendió la transmisión de la sesión y la policía llegó poco después.

Muchos de los manifestantes pedían la imposición de un régimen militar para derrocar al actual Ejecutivo de centroderecha encabezado por Michel Temer, a quien la destituida ex presidenta Dilma Rousseff acusó de perpetrar un golpe de Estado parlamentario.

Los manifestantes repudiaron la corrupción gubernamental endémica. Brasil es sacudido desde hace dos años por una investigación sobre un gigantesco esquema de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.

Varios ejecutivos de empresas de construcción han sido encarcelados, más de 60 políticos están bajo investigación y el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva enfrenta dos casos de corrupción relacionados con el caso, en los que la fiscalía no ha aportado pruebas de que el ex gobernante haya incurrido en algún delito.