l domingo pasado Donald Trump declaró que en cuanto tome posesión deportará entre 2 y 3 millones de trabajadores indocumentados que tengan antecedentes criminales. Aclaró que expulsará únicamente a los que son criminales, que tienen antecedentes penales, que son pandilleros, que venden drogas –aparentemente piensa que hay 2 o 3 millones de criminales entre los migrantes indocumentados.

No sabemos qué tan factible sea llevar a cabo esa promesa ni cuánto tiempo necesitaría para llevarla a término, en caso de que en verdad la quisiera implementar. Tampoco se sabe cuál será el costo político de instrumentar esa política ni el grado de resistencia social que podría enfrentar. Ni es tampoco claro cuántos de esos indocumentados, criminalizados y condenados de antemano por quien será ya para ese entonces presidente de Estados Unidos, serán mexicanos. Se puede prever que serán muchos.

En las universidades estadunidenses hay mucha preocupación por la derogación, también prometida por Trump como gesto inaugural, del Deffered Action for Childhood Arrivals (DACA), que es el programa creado por Barack Obama para proteger a alrededor de 750 mil llamados dreamers, o sea, a los estudiantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños. Sin duda habrá respuestas ejemplares de muchas universidades estadunidenses, las cuales harán lo que puedan para evitar que los alumnos indocumentados que estén inscritos sean deportados o intentarán suplir los recortes de apoyo del gobierno federal a esos estudiantes con sus recursos económicos (becas, préstamos o trabajo pagado en la universidad). Aun así, es muy probable que haya cierto número de alumnos deportados que se encuentren en esa situación. Importaría, y mucho, que las universidades mexicanas abrieran espacios a los jóvenes que saldrán expulsados de Estados Unidos el año que entra. Y habría que ofrecer también buenas oportunidades universitarias a los alumnos de prepa y secundaria que sean deportados y no puedan ingresar a las universidades por la derogación del DACA.

Enfrentar este reto será un esfuerzo importante para el sistema universitario mexicano, que deberá hacer ese esfuerzo de manera decidida y cacarearlo. México debe hacer todo lo que pueda por dar buenas opciones a la gente que va a volver a partir de la inauguración de Trump; debe comunicar a los migrantes repatriados que México es su casa y su hogar, aun a los jóvenes que no conocen el país y que, inevitablemente, se sentirán extranjeros en él. La sociedad mexicana debe hacer lo necesario para rechazar la idea de que los migrantes tendrían o deberían volver a Estados Unidos y que estarían mejor ahí. Este esfuerzo deberá involucrar no sólo a los gobiernos federal y estatales –que tendrán muchísimo que hacer–, sino también a familias, amigos y coterráneos de los migrantes deportados. Se requerirá un esfuerzo importante en ese sentido y éste debe ser visible –o sea, tema de discusión pública. Los migrantes han aportado mucho, muchísimo, a México. Ahora que serán expulsados deben sentir la fuerza de la reciprocidad, la preocupación y el cariño que hay por ellos, especialmente en los difíciles momentos que se avecinan.

El gobierno debe pensar rápidamente de dónde puede sacar recursos para apoyar a los repatriados. Una propuesta sería aprovechar a toda velocidad la legalización de la mariguana en California para cortar drásticamente los recursos a la guerra contra el narco y orientar mejor esos dineros en vez de enfrentar la crisis de seguridad por una parte y para recibir a los migrantes deportados de la mejor manera posible. Si el gobierno y el pueblo de México reaccionan bien, habrán muchos beneficios morales, políticos y económicos para el país.

Es hora de inventar un sueño mexicano para los dreamers.